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Paramilitares se rearman en el sur de Bolivar y Fuerza PúBlica atenta contra la vida, integridad física, bienes y libertad de comunidades campesinas y mineras

Corporación Sembrar y otros administrador / Jueves 12 de abril de 2007 www.dhcolombia.info

Cronología de violaciones a derechos humanos en el sur de Bolívar diciembre de 2006- abril de 2007.

Durante los meses de septiembre y octubre de 2006, con posterioridad a la ejecución extrajudicial del líder ALEJANDRO URIBE CHACON, fueron sostenidas diversas reuniones de la Mesa de Interlocución, de las que participaron delegados de entidades estatales, entre ellas: Vicepresidencia de la República, Ministerio del Interior, Ministerio de Minas, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y Gobernación de Bolívar.

En desarrollo de las mismas, reiteradamente se demandó: 1) El respeto a los derechos a la vida, integridad y libertad de los líderes y habitantes de la región; 2) Poner fin a la persecución y estigmatización en contra de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, las Asociaciones que la conforman y las Juntas de Acción Comunal; 3) Avanzar con prontitud en el esclarecimiento y justicia frente a los hechos en que fue asesinado Alejandro Uribe Chacón.

A pesar de los compromisos y acuerdos suscritos, entre los meses de diciembre de 2006 y marzo de 2007, se evidencia un cuadro de acciones sistemáticas y permanentes, con patrones de violación claros, en contra de las comunidades, habitantes, líderes y organizaciones sociales que hacen presencia en el Sur de Bolívar, así como un desconocimiento de los acuerdos hechos, situaciones que revelan especial nivel de riesgo de los integrantes y líderes de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar.

En este periodo más de cuarenta (40) nuevas agresiones, individuales y colectivas se han ejecutado por parte de personal del Ejército Nacional en contra de habitantes y líderes sociales del Sur de Bolívar, de ellas veintitrés (24) corresponden a detenciones arbitrarias, situación que ha generado para sus habitantes profundos niveles de inseguridad, dado lo arbitrario de estos procedimientos. A ello se suman las amenazas, hurtos, estigmatizaciones, agresiones físicas, registros ilegales de las residencias y citaciones de varios habitantes a la base militar ubicada en la vereda San Luquitas del corregimiento de San Pedro Frío.

Es particularmente preocupante observar como por parte de personal del Ejército Nacional, acantonado en la región, vienen siendo utilizados niños de escasos 11 años de edad, obligados, para acompañarlos durante los patrullajes, hecho que constituye una clara violación de los Derechos del Niño y un desconocimiento del principio de distinción establecido en el Derecho Internacional Humanitario.

A su vez, inquieta que a pesar de la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional[1], donde se resalta, que para estados de normalidad como de conmoción interior, por parte de la Fuerza Pública se vengan estableciendo empadronamientos o censos de población, a través de la recolección y almacenamiento de información privada, acompañada de registros fílmicos de los líderes y habitantes de la región.

Sumado a ello, resulta ser preocupante, que personas que han dejado de ser parte de grupos al margen de la ley o bien pobladores que no han tenido ninguna vinculación con los mismos, permanezcan patrullando con las tropas, portando uniformes y armas de uso privativo de la Fuerza Pública, en actitud amenazante contra la población, en muchas ocasiones apoderándose de sus bienes.

Hacemos un especial llamado y expresamos nuestra profunda preocupación, ante los reiterados anuncios hechos por personal del Ejército Nacional, sobre próximas apariciones en la región de integrantes de grupos paramilitares, ahora denominados como "Águilas Negras", así como por su presencia ya permanente en lugares como Cerro de Burgos, donde han establecido un retén de carácter permanente, sin que las autoridades civiles o militares, hayan adoptado medida alguna tendiendo a removerlo y neutralizarlos.

A su vez, manifestamos nuestra profunda preocupación, así como nuestro manifiesto rechazo, ante la serie de acciones sistemáticas en contra de integrantes y líderes de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, las cuales evidencian el pleno desconocimiento de los acuerdos hechos con diversas autoridades públicas, a su vez, que revela una política institucional de promover el desplazamiento forzado, a fin de facilitar y garantizar la presencia y explotación de los recursos naturales por parte de la transnacional Anglo Gold Ashanti (Kedahda S.A.)

Así mismo emitieron acusaciones contra la Federación Agrominera y organizaciones sociales de la región, manifestando su inconformidad por las denuncias que se habían presentado contra el Batallón Nueva Granada. El Ejército se hacía acompañar de personal "desmovilizado" los cuales se encontraban uniformados y armados. A Rafael Arrieta, le indican que debe presentarse al día siguiente a la base militar de Santa Rosa y que si no se presenta cuando regrese "lo tienen pendiente".

Allí el Ejército lanzó amenazas contra la comunidad y señaló al fiscal de la Federación Agrominera EMILIANO GARCÍA y a "un señor monito de la Federación" de ser guerrilleros. El Ejército profirió amenazas contra la población "cuando los encontremos por ahí solos nos la pagan". Miembros de la comunidad reclamaron a los militares por los maltratos y amenazas, estos procedieron a mostrar un documento que según ellos los facultaba para "hacer lo que estamos haciendo" ante la respuesta la comunidad solicito al militar, identificarse y enseñar la ley y los artículos que los faculta para violar los derechos de las comunidades, el cual se negó a hacerlo aduciendo, que si se identificaba era para que la comunidad los denunciara. Estos hechos sucedieron luego de un partido de fútbol que se había realizado en la comunidad de Mina Gallo.

Posterior a ello el teniente Pimiento, procedió a tomar todos los datos del líder agrominero MIGUEL ANAYA, argumentando que darían inicio a la realización de un censo a todos los habitantes de esta región. Por parte de los miembros de la comunidad se expresó el rechazo ante este ilegal y arbitrario procedimiento, pese a lo cual personal del Ejército ha hecho filmaciones de los líderes y población, y han registrado la identidad y datos personales de varios de los habitantes.

Las 12 personas fueron retenidas en lugares distintos y luego agrupadas en un solo sitio. Durante el recorrido personal del Ejército preguntó insistentemente por el presidente de la Junta de Acción comunal de Mina Piojo y por TEOFILO ACUÑA presidente de Fedeagromisbol. Adicionalmente integrantes del Batallón Nueva Granada agredieron a los pobladores detenidos e hicieron señalamientos en contra de las organizaciones sociales de la región: "tanto las Juntas de acción comunal como las asociaciones mineras son de la guerrilla".

Omar Núñez, dirigente comunitario, reclamó por el incumplimiento de los acuerdos firmados por parte del gobierno con la comunidad acerca del respeto por los derechos humanos y el respeto hacia las organizaciones comunitarias, situación que originó agresiones verbales y nuevos señalamientos por parte del personal del Ejército. En horas de la tarde las 12 personas fueron dejadas en libertad.

El capitán Cruz del batallón Nueva Granada, señaló al líder MIGUEL ANAYA en tono amenazante, diciéndole: "¿usted es el tal Miguel?"... "Por fin lo conozco". Los dos jóvenes fueron dejados esa misma tarde en libertad.

En los mismos hechos se escucharon versiones de algunos soldados, donde se afirmaba que con ellos estaban las Águilas Negras. El Ejército se encontraba con una persona encapuchada, de aspecto femenino, armada y uniformada.

El Ejército se acantonó en los caminos exigiendo documentación a los habitantes, en compañía de civiles uniformados y armados.

La comunidad indignada ante tal situación se dirigió en grupo para exigir de este Sargento explicaciones por la presencia de este hombre a quien la comunidad lo reconoce como un ladrón y que fue declarado persona no grata para convivir allí, así como para exigir respeto a la realización de la asamblea y la no presencia de personal militar en este espacio comunitario.

La comunidad le indicó al Sargento Segundo Vargas que el Ejército está irrespetando los acuerdos que autoridades civiles del orden municipal, regional y nacional han hecho con la comunidad. Así mismo le reclaman por los atropellos que durante estos días el Ejército ha venido realizando en estas comunidades.

Durante la detención no se enseñó orden judicial alguna, siendo posteriormente trasladado a la ciudad de Barrancabermeja. Durante el trayecto de Santa Rosa a Barrancabermeja en Helicóptero, Luis Alberto fue esposado, sus ojos vendados y amenazado por personal del Ejército de ser tirado desde el helicóptero.

El 7 de enero de 2007, un día después de la aprehensión de LUIS ALBERTO, la Fiscalía 28 Seccional de Simití, ordenó abrir investigación penal por el delito de rebelión, al momento de resolver su situación jurídica fue dejado en libertad. Esta detención ocasionó el repudio de la población la cual realizó una jornada de protesta exigiendo la liberación de Luis Alberto López.

La promotora de salud se dirigía hacia el corregimiento luego de comprar medicina para el botiquín comunitario que ella administra. La señora Marelbi fue detenida y puesta al sol durante todo el día con su pequeña hija de escasos 4 meses de nacida, fue acusada de guerrillera y la medicina le fue decomisada. Marelbi fue obligada a firmar un acta de buen trato, siendo fotografiada y posteriormente liberada.

Esa misma noche en la Guarapería, el Ejército entró violentamente por el techo de la vivienda del señor Israel Martínez, y de allí sacaron un hombre que se encontraba en una de las habitaciones con su compañera permanente, siendo posteriormente dejado en libertad.

Ante dicha situación uno de los hermanos del menor exigió al Ejército su libertad, quienes le comunicaron "tranquilo que nosotros lo devolvemos, pero necesitamos que nos acompañe". Mientras ello ocurría otro grupo de soldados se dirigió a la finca de la familia del niño, donde permanecieron durante horas, sin informar a sus padres de la detención, quienes se enteraron después por uno de sus familiares.

El niño fue utilizado por el Ejército como guía y aproximadamente a eso de las 6:30 p.m., el niño se negó a continuar caminando dispuesto a que "lo mataran si era necesario", siendo entonces liberado. Igualmente el Ejército ese día se hacía acompañar de dos desertores de la guerrilla.

En los distintos operativos realizados por el Batallón Nariño y Nueva Granda, en el último año, se ha utilizado personal desertor de la guerrilla o de estructuras paramilitares, los cuales patrullan junto con el Ejército armados y uniformados, encapuchados o no. En los últimos meses se ha observado al Ejército operando con hombres desertores de la guerrilla, algunos conocidos con los alias de "Alonso", "Wilson" y "Sebastián", quienes señalan e intimidan a la población civil y sus líderes y son la base para detenciones arbitrarias y/o judicializaciones.

Un ejemplo de ello es la presencia de JORGE LUIS GARCIA, quien recorre las veredas en compañía del Ejército, armado y uniformado, y con el arma de "dotación" intimida la población y la amenaza verbalmente. JORGE LUIS GARCIA, era reconocido como ladrón de la región, por estos motivos la comunidad lo considera persona no grata para habitar allí.

Ante la presencia de JORGE LUIS GARCIA, la comunidad le reclama el día 10 de marzo, en momentos en que se desarrollaba la asamblea de la Federación Agrominera, al Sargento Segundo Vargas "cómo un ladrón anda en la filas del Ejército y cómo el Ejército permite que ese señor venga a amenazar a la gente haciéndose pasar como guerrillero". El Sargento Vargas, en presencia de la Defensoría del Pueblo y organizaciones acompañantes responde que: "esas razones se las puede contestar el mando superior" "No se por qué razón el hombre está acá" "yo mando mis tropas, a él me lo colocan de afuera, yo soy un soldado y a mi me dan órdenes militares y es lo que yo tengo que cumplir".

Este grupo incursiona en la finca el Porvenir, de los habitantes EFRAÍN RAMOS y Yadis Salazar a las 7:a.m., amenazando con llevarse al señor Efraín y el ganado existente en la finca, perteneciente al señor Efraín Ramos, aduciendo que era de la guerrilla. El señor Efraín, enseñó al Ejército, los documentos que le acreditan la propiedad del ganado. Uno de los soldados manifestó "hoy somos nosotros pero después llegan las águilas negras".

Otro de los soldados le apuntó con el fusil al señor Efraín, delante del Capitán Cruz, le amenazaron y señalaron como guerrillero. De la finca se llevaron una silla y una mula pertenecientes a la señora Yolanda Viana, comerciante de la zona. El señor Efraín Ramos, fue citado para presentarse en la base militar de San Luquitas, sin conocer los motivos de tal citación, cita a la cual no acudió. El día 23 de marzo el Ejército envía nuevamente razón para que se presente en la base el 24 de marzo.

El día 09 de abril de 2007, el Ejército regresa nuevamente a la finca el Porvenir y hurta 34 reses pertenecientes al señor Efraín, dejándole razón de que si quería recuperar el ganado, debería presentarse en la base militar, personalmente. El señor Efraín así como todos los habitantes temen por su vida.

En su recorrido Alfredo Atehortua, amenaza atentar contra la vida de Luis López y Elías Pérez, habitantes de Mina Paraíso, manifestando que "un día de estos bajan por ellos, que se las van a pagar ya que le hicieron mucho daño al mocho". Dentro de los miembros del Ejército se encontraba el capitán Cruz y el cabo Vueltas, quienes manifestaron al Presidente de la Junta de Acción Comunal del Paraíso que: "civil, exguerrillero o guerrillero con la disponibilidad de trabajar con nosotros usted nos lo puede entregar"

Por otra parte durante el operativo que desarrolla el Ejército en la zona rural del municipio de San Pablo, la comunidad se ha sentido atemorizada ante la insistencia del Ejército de vincularla al conflicto armado. Frases como "gracias a la comunidad del Retorno pudimos dar de baja a guerrilleros", son frases que pretenden vincular la población al conflicto y ponen en grave riesgo los habitantes de esta zona del país.

REARME PARAMILITAR

En el Sur de Bolívar desde mediados de la década de los noventa las Autodefensas del Bloque Central Bolívar incursionaron y fueron consolidando un poder militar, económico y político. Es altamente preocupante constatar que dicho poder no ha sido alterado en medio del llamado proceso de desmovilización y que en la actualidad se continúa ejerciendo en la región a la luz de las autoridades municipales y regionales.

Sin embargo este rearme paramilitar no ha sido nominado públicamente en todos los municipios del Sur de Bolívar, como ha ocurrido en otras regiones del país que se han denominado Águilas Negras, Aguilas Rojas, ONGs, Tiznados, etc.

Por parte de personal del Ejército Nacional, se ha ido sembrando el terror en las comunidades, como lo hicieron en la década del 90. En varias oportunidades miembros de la Fuerza Pública han manifestado "detrás de nosotros vienen las águilas negras", tal como ocurrió en el mes de enero de 2007, en el municipio de San Pablo, donde el Ejército anunció que al Cañón de Santo Domingo, zona rural de este municipio llegarán las Águilas Negras, situación que también han venido anunciando en la zona minera de la Serranía de San Lucas.

Mientras se desarrolla el operativo militar en la parte alta de la Serranía de San Lucas y existe fuerte presencia militar en la zona, a pocos kilómetros los paramilitares realizan sus entrenamientos, tienen sus retenes y puestos de control y asesinan a pobladores de la región

En el municipio de Santa Rosa, ha sido público el accionar de alias "cabezón", paramilitar que figura en la lista de "desmovilizados" del Bloque Central Bolívar, cuyo nombre real es Edwin Uribe Téllez. Este paramilitar al parecer es responsable de varios asesinatos ocurridos en el casco urbano del municipio de Santa Rosa, de atentados contra varios miembros de la familia Cendales y asesinato de uno de ellos.

Versiones de la comunidad indican que existe una lista de personas que quieren asesinar entre las cuales se encuentran varios pobladores de este municipio. Edwin Uribe o alias "Cabezón", tiene propiedades entre Sabana de Torres y San Alberto Cesar, así como es dueño del Balneario el Mirador, lugar de recreación ubicado en la vía Santa Rosa - Cerro de Burgos.

En el corregimiento de San Blas y Monterrey del municipio de Simití, se encontraban operando los paramilitares reconocidos con los alias de "El profe" y "Don Carlos ", quienes ejercían control sobre la economía y la población en general y a quienes se les atribuyen varios crímenes cometidos en el municipio de Simití y en Buena Seña y Pueblito Mejía. Estos mandos paramilitares fueron trasladados y ahora se encuentran ubicados así: Alias "cabezón" en el municipio Simití, corregimientos San Blas y Monterrey, alias "Vides" en el municipio de Santa Rosa, y alias "El Profe" y "Don Carlos" en el municipio de San Pablo.

En el último mes, paramilitares vestidos de civil pero armados, han mantenido un puesto de control en el corregimiento Cerro de Burgos del municipio de Simití. Este es un lugar estratégico; allí salen y desembarcan las chalupas que vienen o van para Barrancabermeja, San Pablo y Gamarra. Allí requisan las maletas de todos los viajeros, la carga y demás que les interese controlar y han prohibido a los conductores del servicio público que se acerquen a la boya del puerto para cargar los equipajes de los viajeros.

Pareciera que la historia desafortunadamente se repite; durante muchos años en este lugar, el Bloque Central Bolívar mantuvo una base paramilitar, base que fue denunciada durante muchos años sin que por parte del gobierno se hiciera nada para desmantelarla. En ocasiones llegaba la Policía pero los paramilitares extrañamente no estaban, hoy sucede lo mismo.

Estos paramilitares ejercen retenes esporádicos, en la carretera que de Cerro de Burgos conduce a Santa Rosa, en el sitio denominado la Y de San Blas, además de tener hombres que armados y en motocicletas, controlan esta misma vía.

El día 06 de febrero de 2007, se observó la llegada por cerro de Burgos de 4 chalupas que traían paramilitares, los que se distribuyeron hacia San Blas y Monterrey. Situación similar se vive en el municipio de San Pablo, en el que ya se tiene conocimiento de su presencia, a través de retenes a la salida del casco urbano del municipio y de operativos de control en el ferri.

El día 17 de marzo, es desaparecido por paramilitares, en el casco urbano del municipio de Santa Rosa, el joven MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ, de 17 años de edad; de acuerdo a las versiones de la comunidad, MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ fue desaparecido aproximadamente a las 7:00 p.m., por hombres armados quienes se movilizaban en taxis y conducido hacia el corregimiento de San Blas. Hasta el momento no se conoce de su paradero.

Solicitudes

Al gobierno nacional:

  1. Que las autoridades del orden nacional, departamental y municipales, den pleno cumplimiento a los acuerdos que han establecido con las comunidades, especialmente los relativos a la protección y garantías.
  2. Que se ordene la separación inmediata de los cargos de los comandantes de Batallón y comandantes operativos que han tenido responsabilidad alguna en las violaciones a los derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, cometidas contra las comunidades del Sur de Bolívar.
  3. Que se adopten medidas urgentes a fin de prevenir otros hechos que atenten contra la libertad, integridad y vida de los habitantes del Sur de Bolívar.
  4. Que se adopten las medidas necesarias para combatir los grupos paramilitares que se encuentran actuando públicamente en la región.
  5. Que se respete la Vida, integridad, libertad y permanencia en el territorio de las comunidades y líderes campesinos y mineros del Sur de Bolívar.
  6. Que se respete la labor que desarrolla la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, las Asociaciones que la conforman y las Jutas de Acción Comunal, y en consecuencia se ponga fin a la estigmatización y señalamientos contra esta.

Abril 11 de 2007

Sucriben:

CORPORACION SEMBRAR
COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLITICOS
COORDINADOR NACIONAL AGRARIO
INSTITUTO NACIONAL SINDICAL
SINALTRAINAL
RED DE HERMANDAD COLOMBIA
RED EUROPEA DE HERMANDAD Y SOLIDARIDAD
CAMPAÑA COLOMBIA-BERLÍN (ALEMANIA)
COMITÉ DE SOLIDARIDAD CARLOS FONSECA (ITALIA)
COLOMBIA SOLIDARITY CAMPAIGN (BRETAÑA)
ESPACIO BRISTOL-COLOMBIA, (INGLATERRA)
GRUPO DE APOYO (SUIZA ALEMANA)
COLECTIVO SOLIDARITÉ COLOMBIA (SUIZA FRANCESA)
COLECTIVO GINEBRINOS DE SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS COLOMBIANOS- GINEBRA (SUIZA)
COLECTIVO DE SOLIDARIDAD BELGO-ANDINOAMERICANO- AYNI (BÉGICA)
TRIBUNAL INTERNACIONAL DE OPINIÓN SB-PARIS (FRANCIA)
COLOMBIA SOLIDARITY NETWORK (IRLANDA)
ASSOCIATION FRANCE AMÉRIQUE LATINE AFAL- COMITÉ COLOMBIA-LYON (FRANCIA)
FRACTAL COLECTIVO PARIS (FRANCIA)
EN EL ESTADO ESPAÑOL:
KOMITE INTERNAZIONALISTAK (PAÍS VASCO)
COLICHE (LOGROÑO-LA RIOJA)
COORDINADORA ARAGONESA DE SOLIDARIDAD CON COLOMBIA- CASCOL (ZARAGOZA)
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y SOLIDARIDAD CON AMÉRICA LATINA Y ÁFRICA-CEDSALA (VALENCIA)
SODEPAU (VALENCIA)
ASOCIACIÓN PAZ CON DIGNIDAD
COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON AMÉRICA LATINA- COSAL - XIXÓN (GIJÓN-ASTURIAS)
ASOCIACIÓN INTERNACIONALISTA PAZ Y SOLIDARIDAD -AISPAZ (LEÓN) CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO (CGT)
COLECTIVO DE COLOMBIANOS REFUGIADOS EN ESPAÑA COLREFE


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