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COLOMBIA: BELLACRUZ (Segundo llamado)

Date: Tue, 03 Dec 2002

Estimados(as) amigos(as)

Nuevamente la impunidad es noticia en Colombia. El exembajador ante la Union europea Carlos Arturo Marulanda extraditado a Colombia, acusado por los delitos de paramilitarismo y Terrorismo, fue puesto en libertad el 1 de noviembre por órdenes de la fiscalía General de la Nación. Las victimas de desplazamiento forzado, masacres, desapariciones, torturas, exilio de la Hacienda Bellacruz, nos negamos aceptar esa desición; hemos luchado durante estos largos años de desarraigo de nuestras tierras para que se haga justicia, para que se castiguen los responsables materiales e intelectuales que nos condenaron a vivir sin nuestros seres queridos.

Le Rogamos firmar la siguiente declaracion Internacional que enviaremos a Colombia el 5 de diciembre fecha en la que se cumple un año mas de impunidad de la masacre de los 4 hermanos Toscano en el caso BELLACRUZ.

Muchas gracias por su solidaridad,

EQUIPO INTERNACIONAL ANUC UR
Belen Torres
Ariel Toscano

DECLARACION INTERNACIONAL

LA LIBERACION ABERRANTE DEL EX-EMBAJADOR Y EX-MINISTRO CARLOS ARTURO MARULANDA, CO-PROPIETARIO DEL LATIFUNDIO "BELLACRUZ"

El pasado 1 noviembre, la Fiscalía General de la Nación de Colombia ordenó la puesta en libertad del ex-embajador de Colombia ante la Unión europea y ex-ministro, CARLOS ARTURO MARULANDA, quien habia sido extraditado 15 dias antes a Colombia desde España. Reo ausente de la justicia de su pais durante mas de dos años, Marulanda habia sido finalmente capturado hace más de un año en Madrid, en cumplimiento de una órden de Interpol a pedido del Fiscal anterior, y recluido en una cárcel de alta seguridad. Su recurso de refugio en España habia sido rechazado por las autoridades de este país.

Con esta actuación aberrante, la Fiscalía, encabezada por el actual Fiscal General de Colombia, Sr Luis Carlos Osorio, ya conocido por haber tomado varias decisiones que permitieron a altos mandos militares implicados en masacres perpetrados por paramilitares de escapar a la justicia, arruina el trabajo andelantado durante varios años por este mismo organismo cuando tenia otra dirección y una unidad de derechos humanos que podia actuar. Pero además, anulando la calificación de terrorismo a los hechos atroces cometidos contra campesinos y campesinas en el caso de Bellacruz, la Fiscalía desconoce la decisión del juez de control de legalidad de la acusación quien habia confirmado la calificación de "concierto para deliquir y terrorismo " a los hechos por los cuales están acusados el ex-embajador Carlos Marulanda, sus familiares y sus complices.

Consideramos que esta nueva posición de la Fiscalía contribuye a dejar en la impunidad a uno de los más odiosos episodios el más odioso de la historia contemporanea de Colombia que constituye la constitución a sangre y a fuego, durante más de 40 años, del latifundio "Bellacruz" en base a la expoliación violenta de comunidades campesinas, mediante asesinatos selectivos de líderes, desapariciones forzadas, torturas, violaciones sexuales, destrucción de cultivos, viviendas, cientos de desalojos violentos. Esta vez, los hechos de violencia volvieron a arreciar el 14 de febrero de 1996, justo cuando la justicia administrativa de Colombia confirmaba que, al contrario de los que pretendía la familia Marulanda, las familias campesinas poseían sus parecelas en toda legalidad. Entonces entró a actuar el grupo paramilitar que obligó al desplazamiento indefinido a 10 poblaciones campesinas , previa destrucción e incendio de sus viviendas, bienes, cultivos, escuelas y obras comunitarias.

En la noche del 14 de febrero de 1996, paramilitares que dijeron actuar bajo las órdenes de Carlos A. Marulanda y en presencia de efectivos militares del batallón 40 "Heroes de Santuario", efectuaron el desplazamiento salvaje y definitivo de las 10 poblaciones campesinas asentadas en Bellacruz.

Las comunidades desplazadas pidieron protección al Estado Colombiano albergándose durante 15 meses en edificios estatales; durante este tiempo los paramilitares basados en la hacienda y actuando con el apoyo del batallón realizaron innumerables actos de terror para impedir el retorno de las comunidades a sus tierras; entre las víctimas de masacres y asesinatos selectivos se encuentran : Jesus Toscano, Diosenel Toscano, Dinael Toscano, Jose del Carmen Toscano, Eder Narvaez Corrales, Jaime Laguna Collazos, Eliseo Narvaez Corrales, Edinson Donado, Luis Jose Lemus Sanchez, Segundo Vasquez, Otoniel Cañizares Jacome, Jesus Galván (desaparecido), Elger Castillo (desaparecido), Alfonso Osquidia (desaparecido), Cesar Diaz (torturado-asesinado), Jorge Caceres (torturado-asesinado), Daniel Hoyos (torturado-asesinado), Ricardo Cagua (detenido-desaparecido), Luis Segundo Torres, Belisario Sumalave, Tulio Angarita, Abdel Sumalave, German Umaña, Jose Antonio Quintero, Jose Guarín, Rafael Baena, Cediel Sanchez, Manuel Tapias, Hernan Contreras, Ciro Botello, Dioselino Quiñonez, Eduardo Prada, Carmen Rosa Arenas y su hermana, Francisco Rodriguez, trabajador Estatal, torturado y amenazado), Miriam Contreras (herida), Edinson Donado (de 2 anos, herido).

A pesar de los enormes riesgos que esto implica para ellas, decenas de víctimas decidieron acudir a la justicia colombiana para denunciar esta atroz violencia, realizando denuncias precisas de la cadena de responsables de estos crímenes de lesa-humanidad, entre los cuales se encuentra FRANCISCO A. MARULANDA, hermano del ex-embajador, actualmente encarcelado, y señalando como autor intelectual de estos crímenes al señor CARLOS A. MARULANDA.

Es en base a numerosos testimonios y sólidas pruebas que poco después la Fiscalía decidió inculpar y emitir una órden internacional de captura contra Marulanda. Su liberación debida a la actuación actual de la Fiscalia no sólo entra en contradicción total con la actuación de la Fiscalía anterior, con la obligación del Estado de apoyar a las víctimas, así sean de humilde extracción para que obtengan justicia y reparación, sino que constituye una violación flagrante de la obligación internacional del Gobierno de Colombia y en particular su obligación de poner un fin a la impunidad, a las violaciones de los derechos humanos.

Expresamos nuestra más profunda indignación por la burla que constituye la extradicción del ex-embajador y su liberación casi inmediata. Consideramos que el Fiscal General de la Nación, Sr Osorio, con el desmonte de las instancias de la Fiscalia que se ocupaban de violaciones de derechos humanos, es responsable de esta nueva etapa en la impunidad generalizada de las violaciones de los derechos humanos perpetrados por grupos paramilitares.

Rechazamos igualmente la reacción inacceptable del Gobierno de Colombia, en palabras del Ministro del Interior Fernando Londoño, dejando entender que el ex-embajador es inocente porque desempeñó importantes funcciones, y que no expresa ninguna preocupación para que se haga justicia en favor de las víctimas. Estas declaraciones se alinean desafortunadamente sobre la política general del Gobierno del Presidente Alvaro Uribe Velez que ha adoptado medidas que favorecen la impunidad de las violaciones de los derechos humanos y favorecen el paramilitarismo.

Las graves falencias en el funcionamiento de la justicia en Colombia, agravadas por la actuación del actual Gobierno y del actual Fiscal, confirman plenamente la total legitimidad que tienen las víctimas de acudir a la justicia penal internacional, no sólo contra los autores materiales e intelectuales de los crímenes de lesa-humanidad perpetrados para extender, todavía más y a costas de campesinos pobres, el enorme latifundio "Bellacruz", pero también contra todos los que ayudan a garantizar la impunidad para sus autores.

Con seguridad podrán contar con el apoyo de todos nosotros que firmamos este texto y mucho más, quienes hemos sido horrorizados por estos hechos que golpean la conciencia de la humanidad.

Firman, (nombre, organización, dirección)

Primeros firmantes:


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