Noviembre 8 de 2002
EL TIEMPO.COM 12:00 m.
Un violento informe, presentado hace minutos en Bogotá, también lo acusa de poner en peligro la vida de fiscales que investigan casos sensibles de violación a los Dererchos Humanos.
El documento, de 14 páginas, se titula 'Un giro erróneo. El récord del Fiscal General' y es el producto de una investigación de 15 días que se realizó en Colombia y de múltiples entrevistas con fiscales, ex fiscales y miembros de la Procuraduría que hacen alusión a casos específicos.
"Bajo el liderazgo de Luis Camilo Osorio, las facultades de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía se han deteriorado significativamente como producto de varios factores bajo el control del fiscal: Falta de apoyo para los fiscales que trabajan en casos sensibles de derechos humanos; incapacidad de brindar protección efectiva y a tiempo para aquellos funcionarios cuyas vidas están amenazadas; y el despido o renuncia forzada de fiscales veteranos", dice el informe en uno de sus apartes.
De acuerdo con el informe, desde que Osorio llegó a la Fiscalía expresó sus "profundas sospechas" por el curso de muchas investigaciones, en particular aquellas que involucraban a miembros de Ejército.
Y, según varios funcionarios entrevistados, el Fiscal les dejó claro que "las investigaciones contra los militares no eran bienvenidas". De acuerdo con HRW, el fiscal también adelantó una "purga" de la institución en la que cayeron muchos fiscales experimentados que se encontraban en las etapas finales de sonados casos como el del General Rito Alejo del Río o la investigación contra el general de la Armada Rodrigo Quiñónez.
Menciona también a otros cuatro funcionarios del Cuerpo de Investigaciones de la Fiscalía, CTI, que fueron despedidos poco después de participar en un operativo que condujo al arresto de un comandante paramilitar muy cercano a Carlos Castaño.
En sus 15 meses al frente de la Fiscalía, de acuerdo con HRW, nueve fiscales fueron despedidos y otros 15 se vieron obligados a renunciar. Además, dice la organización, sus críticas públicas al desempeño de dichos fiscales o el cuestionamiento por su falta de "lealtad con la institución" puso en peligro sus vidas.
Varios, afirman, tuvieron que abandonar el país por amenazas de muerte poco después de que Osorio los cuestionó.
Para José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas, Colombia no está avanzando en materia de DD.HH porque "Osorio no está haciendo su trabajo". Y por eso le pide al gobierno de Estados Unidos que le deje claro a su contraparte colombiana que no podrá certificar su desempeño en Derechos Humanos hasta que el "Fiscal deje de obstruir las investigaciones y pueda demostrar progresos tangibles".
Como se sabe, la ayuda que E.U. da a Colombia, unos 500 millones anuales, depende de una certificación que emite el departamento de Estado con base en el desempeño de Colombia en los derechos humanos.
Para la Fiscalía, en particular, se aprobaron 25 millones de dólares el año pasado y hay 10 millones más solicitados para el año 2003.
También pide que dentro de los criterios de certificación se incluya específicamente el desempeño de la Fiscalía y que presione al presidente Álvaro Uribe para que use el poder con que cuenta para remover administrativamente a militares acusados de violar los derechos humanos.
A Uribe le pide, entre otras cosas, que emita una directiva presidencial en la que respalde con firmeza las acciones de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía y se asegure que se esté nombrando en ella a personal capacitado.
Según HRW, desde que Osorio llegó a la Fiscalía dejó claro que tenía muchas dudas sobre el rumbo de las investigaciones en DD.HH. especialmente aquellas que involucraban a los militares.
Incluso, la organización dice que el Fiscal prometió que corregiría esta situación pues a su juicio se estaba prestando mucha atención a este tipo de casos y no tanta a los que involucraban a la guerilla.
Cita varios artículos de prensa en las que Osorio prometió "balancear", las investigaciones y uno en particular del The Wall Street Journal en el que Osorio dice que "hay una guerra internacional, que incluye a Ong, países europeos y congresistas de E.U. por desacreditar a los militares y al sistema judicial" colombiano.
De acuerdo con HRW, estas denuncias del Fiscal hacían eco a las que viene expresando el Ejército de tiempo atrás, desacreditando su supuesta búsqueda de balance. "Ignoró que la Unidad de DD.HH. de la Fiscalía sí ha investigado muchos casos de guerilla y que, además, hay otras unidades como la de Secuestro y Terrorismo que se encargan de este tema".
Según un fiscal entrevistado por HRW, el mensaje de Osorio fue "reduzcan la atención que se le da a los casos de actividad paramilitar". Más de una docena de fiscales entrevistados le dijo a HRW que Osorio les dejó claro que las investigaciones contra altos miembros del Ejército "no eran bienvenidas".
Para la organización, Osorio, con estas acciones equivocó el mandato de la Fiscalía pues si bien piensan que todos los crímenes de DD.HH. deben ser investigados con imparcialidad, los que cometen las fuerzas del Estado merecen una atención sostenida de la Unidad de DD.HH.
En varias entrevistas que realizó HRW, diversos fiscales y ex fiscales le dijeron que la prueba de que Osorio se oponía a las investigaciones en DD.HH. fue su decisión de eliminar a muchos de los que las venían realizando.^
Más de 15 fiscales se vieron forzados a renunciar y 9 fueron despedidos en los 15 meses que llevaba Osorio al frente de la Fiscalía desde que se realizó este informe. A las 72 horas de llegar al poder, dice el informe, Osorio ya había exigido la renuncia de dos fiscales que llevaban adelante el caso contra el general Rito Alejo Del Río.
Del Río era investigado por la Unidad de DD.HH. desde hacía tres años por colaborar con paramilitares en los años 95 al 97, cuando estos lanzaron una campaña de exterminio en la zona de Urabá para sacar a las Farc.
La evidencia contra él, según HRW, era "contundente". Tanto que llevó al presidente Andrés Pastrana a retirarlo del servicio activo y a E.U. a remover su visa por "terrorismo internacional".
Cuando Osorio llegó a la Fiscalía, el 31 de julio del 2001, el caso se encontraba en su etapa final. Hacía cinco días que una fiscal había ordenado el arrestó de Del Río, "basada en la evidencia" y preparaba la fase subsiguiente del caso.
Pero Osorio, dice HRW, alteró el rumbo de la investigación. Públicamente criticó el manejo del caso, alegando que se había hecho de manera apresurada y a sus espaldas. "Pedro Díaz, director de la Unidad de DD.HH. se vio forzado a renunciar y el vice fiscal Pablo Elías González sintió que debía hacerlo", dice HRW.
También, dice el informe, una semana después de llegar a la fiscalía, Osorio habría forzado el retiro de Virgilio Hernández, antiguo funcionario de esta unidad y por ese entonces director de la Unidad Anticorrupción, y de César Rincón y Gregorio Oviedo.
En diciembre del 2001, Osorio despidió a Fernando Niño, director de la Oficina de Información y Análisis del CTI; a Carmen Maritza González, cabeza de la división de Investigación del CTI; a Carlos Valdés, de la División de Crimen del CTI; y a Martha Janeth Pedroza, asesora del director nacional del CTI. Según HRW, fueron despedidos poco después de asistir en la captura de un alto paramilitar muy cercano a Castaño.
Lo que más molesta a HRW es que, en muchos de los casos, los despidos se presentaron cuando la investigación estaba en un punto crítico.
Cita también el caso del fiscal Luis Augusto Sepúlveda que fue retirado de la institución en abril del 2001.
"Sepúlveda venía trabajando en el intento de asesinato del líder sindical Wilson Borja. Tras una exhaustiva investigación, Sepúlveda había recolectado evidencias importantes (...) Y ordenó el arresto del Mayor de la Armada César Maldonado. Pero cuando se encontraba preparando el encausamiento, fue despedido", dice el informe.
Maldonado recuperó la libertad, de acuerdo con HRW, porque el retiro de Sepúlveda impidió que el encausamiento se presentara a tiempo y se vencieron los términos de la investigación.
Posteriormente, Maldonado fue arrestado de nuevo, en mayo del 2002, por el nuevo fiscal que se encargó del caso. La purga, para HRW, le ocasionó un grave daño a la Fiscalía, pues eliminó a los fiscales más experimentados. Precisamente, dice la ONG, muchos de los que habían recibido entrenamiento de Estados Unidos salieron de la institución.
También menciona que el director del CTI, general (R) Ismael Trujillo, renunció luego de que Osorio despidió a cuatro de sus más cercanos colaboradores alegando que no podría hacer su trabajo sin su ayuda.
Muchos de los fiscales entrevistados por HRW dicen que desde que llegó Osorio a la Fiscalía se les dificulta obtener recursos para investigar casos que involucren a paramilitares. Algunos dijeron también que tienen la orden de consultar con el Fiscal antes de preceder a una investigación contra oficiales del Ejército violando al hacerlo el derecho que otorgan la leyes colombianas a los fiscales de determinar el curso de las pesquisas.
Dice también que algunos fiscales fueron removidos cuando investigaban casos de altos mandos militares y antes de que pudieran realizar un arresto o un encausamiento. Y pone de ejemplo el caso de Chengue (Sucre), donde paramilitares masacraron a 26 campesinos. De acuerdo con los testigos del caso, oficiales de la Armada "miraron hacia otro lado" mientras esto sucedía.
A la semana de la llegada de Osorio a su cargo, la fiscal encargada del caso se reunió con él para informarle que tenía "información contundente" que vinculaba al general Rodrigo Quiñónez y otros oficiales de la Armada por este caso.
"A los 10 días de esto, sin embargo, el caso se le entregó a otro fiscal. El nuevo fiscal "demoró" la investigación hasta diciembre cuando decidió devolver el caso a la fiscal inicial". Según esta, su sucesor había comprendido que la evidencia impedía cerrar el caso pero le daba miedo arrestar a un poderoso general como Quiñónez.
De nuevo encargada del caso, la fiscal volvió donde Osorio para informarle sobre sus intenciones de arrestar a Quiñónez. A los pocos días, el nuevo director de la Oficina de DD.HH. de la Fiscalía la acusó de cometer "errores" y reasignó el caso a un nuevo fiscal.
Según la fiscal, el director la presionó para que firmara una carta en la que constara que nunca se había intentado abrir un caso contra Quiñónez. Se rehusó a hacerlo y tras recibir amenazas contra su vida abandonó el país.
Algo parecido, dice HRW, ha pasado con el caso de Del Río. El nuevo fiscal al que se le encargó el caso decidió hacer "borrón y cuenta nueva" y desechar los 2 años de investigación recolectada por los anteriores fiscales. En los diez meses que han pasado desde entonces, el Fiscal solo ha invitado a testificar a "subordinados" de Del Río. "Pero es muy difícil que dentro de este grupo de hombres encuentre evidencia que lo incrimine", dice HRW.
Aunque la situación de Colombia hace de la función de los fiscales una actividad muy riesgosa, el peligro se ha exacerbado en gran parte por la respuesta inadecuada de Osorio, según extracta HRW de las entrevistas sostenidas con funcionarios públicos.
En abril del 2002, por ejemplo, circuló una "lista negra" de funcionarios de la unidad de DD.HH de la Fiscalía que se encontraban en la mira de los paramilitares. Ante la falta de acción del gobierno colombiano para protegerlo y dada la seriedad de la amenaza, cinco fiscales acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en busca de medidas cautelares que obligaran al Estado a brindarles protección.
Osorio, según HRW, se quejó pues a su juicio estos se estaban "victimizando a ellos mismos" y habían acudido a la CIDH sin antes solicitar protección en la misma Fiscalía.
Pero los fiscales en cuestión afirman que realizaron esta solicitud a la directora de la Unidad, Elba Beatriz Silva, y ella se las negó.
Osorio, en una entrevista con HRW, les dice que se siente gran mortificación por la "falta de lealtad a la institución" de estas personas. Para HRW este tipo de declaraciones, al igual que las críticas infundadas de que los cargos contra 'paras' y militares tienen una carga ideológica, ha incrementado la vulnerabilidad de los fiscales.
En el caso de Del Río, dice HRW, una semana después de que el Fiscal Osorio criticó públicamente a los fiscales, dos recibieron invitaciones a su propio funeral y otros dos repetidas amenazas que los obligaron a abandonar el país.
Según HRW, un informante de un funcionario de la Fiscalía les dijo que Carlos Castaño había dado la orden de no asesinar a los fiscales hasta que no fueran removidos de sus cargos, para evitar la publicidad y las medidas de seguridad que se les remueven una vez abandonan su puesto.
HRW critica que en un país como Colombia, personas que han investigado casos sensibles queden desamparadas una vez abandonan la Fiscalía.
Esto "dice" ha provocado una profunda desmoralización entre los investigadores que lo piensan "dos veces" antes de iniciar una pesquisa que puede resultar peligrosa. Una copia completa del reporte se puede obtener en: http://www.hrw.org/americas/colombia.php
Sergio Gómez Maseri
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington