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Date: Thu, 17 May 2001
Europarlamentarios advierten al presidente Pastrana responsabilidad en masacres

19 europarlamentarios se dirigieron al Presidente de Colombia Andrés Patrana

para recalcar la responsabilidad del Estado colombiano en las masacres de
Naya y Yurumaguí y demandar que se proteja el derecho a la vida de las
comunidades afrocolombianas, campesinas e indígenas.

Dr. Andres Pastrana Arango
Palacio de Nariño
Presidencia de la República
Santa Fe de Bogotá D.C.
Fax: +57.133.621.09
Ref: Situación de la población civil del pacífico colombiano

Señor Presidente de la República,

Hemos tenido conocimiento de la situación que viven las comunidades negras,
indígenas y campesinas en los departamentos de Cauca y del Valle, donde
grupos paramilitares han realizado recientemente varias masacres de la
población civil, entre ellas las del Naya. Nos preocupa especialmente que no
se hayan evitado las últimas matanzas pese a haber sido previamente
anunciadas en diversos ocasiones por varios organismos, incluido el
Parlamento Europeo.

En la madrugada del 29 de abril, pocas horas antes de que comenzara la
reunión de donantes convocada por el gobierno colombiano en Bruselas, un
grupo armado entró en la comunidad El Firme del río Yurumanguí, municipio de

Buenaventura, asesinando 7 pescadores afrocolombianos, 2 de ellos a tiros y
cinco con hachas. Esto ha provocado el desplazamiento de unas 450 personas a
la ciudad de Buenaventura, además de un desplazamiento mucho mayor a lo
largo del río Yurumanguí.

El 19 de abril había tenido lugar un Consejo de Seguridad Municipal en
Buenaventura, en la que participaron los comandantes del VII distrito de la
Policía, de la III Brigada del Ejército Nacional, de la Armada Nacional, el
director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y de GAULA
(departamento especial de la policía), y representantes de la Cruz Roja, del

Comité Departamental de Desplazados y del Proceso de Comunidades Negras, en
la que se informó sobre las amenazas existentes en la zona por parte de
grupos paramilitares y se solicitó que se tomaran medidas al respecto.

De acuerdo con las denuncias de ONGs de derechos humanos, el 19 de
septiembre del 2000 unos 200 soldados de la armada, varios de ellos
encapuchados, interrogaron y fotografiaron a miembros de la comunidad y
anunciaron la llegada de los paramilitares. En la noche del 27 de Noviembre,
unidades del ejército nacional allanaron un taller de capacitación de
representantes de consejos comunitarios en la escuela-aldea Instituto Matías

Mulumba (Buenaventura), organizado por el Fondo Mundial para la Naturaleza
WWF, FES-CIDEAL y Proceso de Comunidades Negras.

Todo ello ocurrió poco después de que tuvieran lugar, entre el 6 y el 9 de
Septiembre, matanzas previamente anunciadas por grupos paramilitares en las
comunidades de Triana, Zaragoza y Las Palmas (municipio de Buenaventura), en
las que un total de 27 personas fueron asesinadas. Estas masacres fueron
precedidas por la alerta para 37 veredas reportada por una Misión de
Observación a los Municipios de Buenaventura y Dagua en la que participaron
entre otros el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de la
Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la
Comisión Colombiana de Juristas, la Defensoría del Pueblo, así como varias
ONGs y sindicatos.

Debido a estos eventos y a las amenazas aún existentes sobre la población,
en diciembre del 2000 se trató la situación del río Yurumanguí en el
Parlamento Europeo, resultando en una pregunta escrita por parte de la
parlamentaria Laura González a la comisión el 14 de diciembre, en la que
preguntaba qué podría hacer la Comisión Europea para evitar una nueva
intervención paramilitar en el río Yurumanguí, dada su relación con el
gobierno colombiano. El Sr. Patten en nombre de la comisión respondió que
"compete a las autoridades colombianas el dar los pasos necesarios en lo que
se refiere a la adopción de medidas de seguridad", y que "la Comisión velará
por que toda información sobre posibles amenazas contra la población civil
sea transmitida de inmediato a las autoridades colombianas". Esto nos hace
suponer que el gobierno colombiano recibió información sobre estas amenazas
desde la Comisión, además de las cartas enviadas directamente a la
presidencia por 22 miembros del Parlamento Europeo.

De acuerdo con la información que hemos recibido, la presencia paramilitar
no sólo continúa sino que está creciendo, pese a la presencia permanente de
la armada en la bahía de Buenaventura y la desembocadura del río.
Actualmente las amenazas se han extendido a otros ríos de la región,
particularmente el río Raposo y el Anchicaya. Igualmente nos preocupa que
existan otras alertas para comunidades negras en la costa de Nariño, el
Palenque de San Basilio, Norte y Sur del Cauca y Patía.

Frente a esta situación, solicitamos del gobierno colombiano que tome de
manera inmediata todas las medidas necesarias para:

- evitar las acciones anunciadas por los grupos paramilitares en estas
regiones,

- que se investiguen de modo exhaustivo los hechos denunciados, y se
castigue a los autores materiales e intelectuales, así como a sus cómplices
y facilitadores,

- dar apoyo y ayuda a la comisión de derechos humanos que junto con la
Defensoría del Pueblo y la Cruz Roja intentarán entrar en los próximos dias
a la zona, para que se asegure la seguridad de quienes la conforman,

- proteger a los habitantes de dichas comunidades asegurando su salvaguarda
personal y territorial, y a los líderes de las comunidades negras e
indígenas, de los Consejos Comunitarios y de las organizaciones populares,

- asegurar el retorno en condiciones de seguridad de la población
desplazada, así como su asistencia hasta que se creen las condiciones
necesarias para su regreso, tanto para quienes se han desplazado dentro del
río Yurumanguí como para quienes se han desplazado a Buenaventura

- asegurar las condiciones necesarias para que se pueda constituir una zona
humanitaria con acompañamiento internacional, de acuerdo con el deseo
expresado por las organizaciones comunitarias.
Atentamente,

Joan Colom i Naval, Vicepresidente del Parlamento Europeo, España
Joaquim Miranda, Presidente de la Comisión de Desarrollo y Cooperación del
Parlamento Europeo, Portugal
Matti Wuori , Relator de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Finlandia
Luisa Morgantini, Presidenta del Intergrupo "Iniciativas por la Paz", Italia

Eurodiputados:
Laura Gonzalez, España; Patricia McKenna, Reino Unido; Erik Meijer, Países
Bajos; Proinsias De Rossa, Italia; Giuseppe Di Lello, Italia; Konstantinos
Alyssandrakis, Grecia; Peter Sichrovsky, Austria; Ilka Schröder, Alemania;
Inga Schörling, Suecia; Heide Rühle, Alemania; Sylla Fode, Francia; Luigi
Vinci, Italia; Salvador Jové Peres, España; Caroline Lucas, Reino Unido; Per

Gahrton, Suecia

http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/naya6.html

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