Equipo Nizkor Derechos Human Rights Serpaj Europa Información Van ii) msjes) 20abr01 POR LA SEPULTURA DIGNA DE NUESTRAS VICTIMAS, LA PROTECCIÓN DE NUESTRAS COMUNIDADES DEL ALTO NAYA, BUENAVENTURA, EL NORTE DEL CAUCA Y EL SUR DEL VALLE DEL CAUCA, Y CESE DE LA ARREMETIDA PARAMILITAR EN LA ZONA. Las autoridades de los resguardos indígenas, los lideres de las comunidades afrocolombianas y los voceros autorizados de los campesinos colonos de la Región del Bajo, Medio, Alto Naya, Buenaventura, Sur del Valle del Cauca y Norte del Cauca, denunciamos ante la comunidad nacional e internacional y particularmente ante los organismos humanitarios y ante el cuerpo diplomático acreditado en el país, la pavorosa estrategia de aniquilación de que vienen siendo victimas nuestras comunidades en medio de la mas escandalosa impunidad. La brutal agresión a tenido como escenario las veredas Patio Bonito, El Ceral, La Esperanza, Carrizales, La Silvia, La Mina, Altoserena, Aguapanela, El Placer, El Playón, Palosolo, El Saltillo, y Río Mina, entre otras, ubicadas sobre el Camino Real que conduce del Resguardo de la Paila al Alto Naya. En medio de la indignación y la perplejidad, nosotros, hombres y mujeres indígenas, negros y colonos campesinos, procuramos inútilmente indagar, más allá de la desesperanza, por nuestros seres queridos; pero no ha sido fácil ingresar a la zona para dar digna sepultura a nuestros muertos y conocer la suerte de los que no aparecen. Y no ha sido fácil porque hasta la fuerza pública ha impedido el paso de cualquier delegación humanitaria con el dudoso argumento de que existen combates en la zona. Algunos cuerpos han sido arrojados por los desfiladeros, de otros solo quedan prendas esparcidas a lado y lado de los caminos y un gran número de hermanas y hermanos deambulan a la intemperie en condiciones de extrema vulnerabilidad. Por los senderos y caminos por donde alguna vez transitaron la vida y la alegría, hoy solo reina la desolación, la muerte y la desesperanza. CONSIDERANDO Que luego de 13 meses de angustiosos llamados alertando a las autoridades civiles, militares y de policía del ámbito regional y nacional, sobre la ocurrencia de asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, masacres indiscriminadas, controles a la libre movilización de las poblaciones, bloqueos alimentarios y todo tipo de atropellos realizados por estos grupos paramilitares que se autodenominan "AUC"; debemos denunciar hoy la continuación de este tipo de acciones infames contra nuestras comunidades que dejan más y más muertos, más y más desaparecidos, más y más desplazados. Que 10 días después de haberse iniciado la incursión de grupos paramilitares desde el Resguardo Indígena de la Paila, por el Camino Real del Alto Naya, aun no conoce ninguna acción eficaz de la fuerza pública, tendiente a reprimir y contener la avanzada de violencia de estos grupos. Al día de hoy todavía no se han adoptado las medidas necesarias a fin de garantizar la protección de nuestras comunidades y a la prevención de nuevos hechos irreparables contra la población civil que se encuentra dispersa en la zona. Que las informaciones tendenciosas y malintencionadas difundidas por algunos medios de información, altos mandos de la fuerza pública y -desafortunadamente- altos prelados de la iglesia, en el sentido de que la masacre obedece a la disputa entre grupos insurgentes y paramilitares por el control de los cultivos de uso ílicito, no solo son una afrenta más contra la dignidad, la honra y la honestidad de estas comunidades, sino que pretende justificar la infamia y la barbarie haciendo de las victimas los victimarios. EN CONSECUENCIA ACUDIMOS A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL, A LOS ORGANISMOS HUMANITARIOS, AL CUERPO DIPLOMÁTICO Y A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES PARA QUE SE UNAN A LA DECISIÓN DE: Exigir de las autoridades civiles y de la fuerza pública regionales y Nacionales, adoptar las medidas tendientes a garantizar la vida, la libertad y la integridad de estas comunidades. Exigir la adopción de medidas eficaces tendientes a contener y reprimir a estos grupos paramilitares, como lo contempla el decreto 324 del 25 de febrero de 2000 por el cual se crea el Centro de coordinación de Lucha contra los Grupos de Autodefensa ilegales y demás Grupos Ilegales. Exigir del Gobierno Nacional el cumplimiento inmediato de la solicitud hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, para que adopte las medidas necesarias a garantizar la vida y la integridad personal como lo contemplan las medidas Cautelares para estas comunidades, y las reiteradas recomendaciones formuladas por los diversos Organismos Internacionales de derechos humanos, en el sentido de proteger y garantizar la plena vigencia de los Derechos Humanos y combatir eficazmente estos grupos paramilitares. Invocamos con carácter de urgencia la conformación de una Comisión Mixta de Verificación que pueda ingresar a la zona y elaborar un informe detallado del número real de víctimas, las personas desplazadas, los bienes afectados y la responsabilidad y actuación de la fuerza pública con jurisdicción en el área. Esta Comisión deberá estar integrada por los delegados de las propias comunidades agredidas y Organizaciones Humanitarias no gubernamentales nacionales e Internacionales. Exigimos de la Red de Solidaridad Social y demás organismos gubernamentales establecidos para la atención de este tipo de calamidades, la adopción inmediata de medidas que garanticen la atención humanitaria de emergencia para las comunidades desplazadas que continúan llegando a Santander de Quilichao, Timba, Jamundí, zona rural de Buenaventura y a las comunidades aisladas que se encuentran en la vereda Playa Valle y el Resguardo de la Paila en condiciones de extrema vulnerabilidad. Adoptar las medidas tendientes a contener y castigar a los autores materiales e intelectuales de esta brutal incursión, así como a determinar las posibles responsabilidades de sectores económicos, políticos y de funcionarios públicos en el auspicio y protección de estos grupos paramilitares que desarrollan esta campaña de extermino contra las comunidades en el Sur del Valle del Cauca y el Norte del Cauca. Convocar los Medios Masivos de Información a realizar un cubrimiento responsable, imparcial y veraz de estos nefastos acontecimientos, siempre en atención a los más caros principios de la ética periodística y al cumplimiento de su función social. Firman: Comunidades del Cabildo Indígena del Alto Naya; Comunidades del Cabildo Indígena del Resguardo de la Paila; Proceso de Comunidades Negras del Norte del Cauca; Proceso de Comunidades Negras del Valle del Cauca; Federación Nacional Sindical Agropecuaria -FENSUAGRO; Alianza Social Indígena del Valle del Cauca. Adhieren: Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Corporación para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos -REINICIAR, Justicia y Paz, Asociación Nacional de Ayuda Solidaria -ANDAS-, Corporación Colombia, siguen firmas... ---------------------------------------------------------------------------- ---------- ii) DESDE EL DOS DE ABRIL EL CIDH DE LA OEA HABIA SOLICITADO LA APDOCION DE MEDIDAS URGENTES PARA PROTEGER A LOS DESPLAZADOS DE LOS ALTOS DE NAYA. Desde el pasado 2 de abril, el Comité Interamericano de DH de la OEA le había pedido al Estado colombiano la "adopción de medidas urgentes para preservar el derecho a la vida y la integridad física" de los miembros de las organizaciones y comunidades campesinas y afrocolombianas del norte del departamento del Cauca. Así lo conoció ayer El Espectador en la región de El Naya, donde trascendió, además, que la petición del Comité de DH de la OEA estuvo motivada en un informe presentado semanas atrás por un bloque de ONG de la región, que solicitó medidas cautelares a favor de sus integrantes, ante las acciones perpetradas por el paramilitarismo en la zona. Los miembros de Fundecima, Cima, Anuc, Cric y los habitantes de Santander de Quilichao, Suárez, Morales, Cajibío y Buenos Aires, en su mayoría pertenecen al Movimiento del Suroccidente Colombiano y, además de la petición de la OEA, habían suscrito desde noviembre de 1999 un acuerdo con el Gobierno para que se preservaran sus vidas. Pese a estos antecedentes, según las ONG citadas, sin incluir a las víctimas de la Semana Santa, hasta el mes de febrero habían sido asesinadas unas 200 personas en la región, es incalculable el número de desplazados, y hoy "las autodefensas controlan la movilización de vehículos, el comercio, la entrada de alimentos y las actividades sociales". Defensor amenazado Entre tanto, el defensor del pueblo, Eduardo Cifuentes Muñoz, declaró ayer que "las masacres con motosierras no son una película en Colombia", y confirmó que durante su visita al Cauca comprobó que una señora fue perforada en su abdomen con una motosierra, y que una menor de 17 años fue degollada y sus manos amputadas". "Tenían una lista de nombres en la mano. Mataban muchos de ellos con motivos fútiles, como no saber explicar de dónde tenía su celular", declaró Cifuentes Muñoz, quien confirmó que ha sido amenazado de muerte, y que "unas 4.000 personas no se pueden mover de la zona del Alto Naya desde la masacre de Semana Santa". El Defensor del Pueblo dejó en claro que "ni los paramilitares ni la guerilla respetan el Derecho Internacional Humanitario", y en declaraciones a la agencia AFP recordó una reciente ofensiva de las Farc en Almaguer (Cauca) en que "dinamitaron el templo y derrumbaron tres barrios con tractores y pipas de gas". Pero lejos de solucionarse la situación en el Cauca, esta tiende a agravarse. Ayer mismo trascendió que los guerrilleros del frente José María Becerra del Eln que actúan en la misma región de El Naya, decidieron aliarse con los guerrilleros de las Farc, para enfrentar a los grupos de autodefensa en la región, y a quienes consideran sus colaboradores. Red de Solidaridad A su vez, el director de la Red de Solidaridad de la Presidencia, Fernando Medellín, reveló que la masacre del Alto Naya ocurrió menos de cinco meses después de que fuera advertida la presencia de los paramilitares en la región, y que estos mantienen un cerco que impede ingresar a la región con ayuda humanitaria. Medellín confirmó que más de 3.000 lugareños están desplazados, la mayoría de ellos en caseríos del litoral pacífico, y que ya existe un plan en marcha para atender a la población de siete veredas del Alto Naya, pero esencialmente se necesitan condiciones de seguridad y voluntad de los actores del conflicto armado en la zona. El Director de la Red de Solidaridad de la Presidencia de la República públicamente solicitó ayuda al Comité Internacional de la Cruz Roja para que entre a actuar como operador humanitario, y asista a la población desplazada que se concentra en Timba, Santander de Quilichao, Buenaventura, Jamundí, y en las siete veredas donde existen mayores problemas de seguridad. Además, Fernando Medellín presentó estadísticas que demuestran que Colombia está viviendo un exagerado incremento de asesinatos. "Al menos 769 colombianos han sido asesinados en lo que va de año, una cifra que casi duplica a las víctimas registradas en igual período de 2000", denunció el alto funcionario. El Director de la Red de Solidaridad expresó que en lo corrido de 2001 han sido perpetradas 145 masacres en Colombia, 85 realizadas por los grupos de autodefensa, 24 por la guerilla de las Farc y 36 por el Eln. El informe incluye las 28 víctimas que dejó el reciente asalto de las Farc a la región de La Caucana, al noroeste del departamento de Antioquia. Coca en Naya Uno de los desplazados del Alto Naya confirmó a El Espectador que una variedad peruana de coca que se da en 45 días, hoy se siembra en gran parte de las 25 veredas de la zona del Cauca. Otro campesino observó que antes de que llegaran las Auc existían parcelas de hoja de coca, pues la falta de vías de comunicación hacía imposible la siembra a gran escala de arroz, caña, plátano, borojó o cacao. "El promedio de ingresos familiares es hoy de unos $1'200.000", añadió el labriego, quien aseguró que el tilo de pasta de coca en el mercado zonal es hoy de $1'700.000. Pero, al margen del problema de la coca, el principal conflicto de la región es la guerra contra la población civil. No sólo por las víctimas inocentes que deja el conflicto, sino porque se impuso una economía de guerra. Los sobreprecios en los productos de la canasta familiar son evidentes. Una libra de arroz cuesta $1.500, una panela $2.400 y una libra de azúcar $1.600, precios imposibles para una familia que no dependa de la economía coquera. [Fuente: Enrique Rivas Gordillo para el Espectador, Colombia, 19abr01]
Noticias sobre Colombia | Plan Colombia (ca) | Plan Colombia (en) | AGP