UN PUEBLO SIN DERECHOS

La lucha por la justicia social es tan antigua como la sociedad humana y su división en clases sociales. Los seres humanos, conforme han descubierto nuevas técnicas, han intensificado esa lucha, hoy los oprimidos ya no luchan solo para mejorar su condición de oprimidos sino por eliminar la opresión social misma.

Las clases dominantes se han opuesto siempre a cualquier concesión. Cada vez que han tenido la oportunidad han buscado liquidar todas esas conquistas populares. Antes justificaban ese orden injusto aduciendo ordenanzas divinas, ahora se crean nuevos dioses fuera del alcance de los pobres "la modernidad y el mercado".

Ese nuevo dios habrá establecido una nueva ley: "la libertad del mercado del trabajo", los enemigos de esa orden divina serían: la fortaleza de los sindicatos ("el monopolio sindical"), la estabilidad laboral, el derecho de huelga ("el chantaje de las cúpulas sindicales"), la mejora de las condiciones en el trabajo (Area innegociable pues estaría dentro de las "libertades" de los empresarios), la organización de los profesionales medios para defender sus intereses ("otras formas de monopolio que impide la libertad de mercado), etc. Por lo tanto hay que eliminarlas.

Tras la cháchara de la libertad del mercado, se esconden los verdaderos beneficiarios, que tienen nombres, apellidos, razones sociales. Los beneficiarios reales son los grandes monopolios nativos y transnacionales.

Eso es lo que busca imponer la Constitución fujimorista, y pretende aún que los propios oprimidos voten contra sus propios derechos. Lógicamente su campaña esta basada en mentiras que encubren estos intereses criminales.

El proyecto fujimorista liquida el derecho de estabilidad laboral (Art. 27 "La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario"). Si la ley no reconoce expresamente el derecho a la estabilidad, el despido en cualquier momento es "arbitrario", la actual legislación autoriza el despido a libre voluntad del patrón.

No reconoce expresamente el derecho de huelga. (Art. 28, inciso 3 "Regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el interés social. Señalan sus exepciones y limitaciones"). Monumento al cinismo, en todo el proyecto fujimorista el único punto en que se había de "interés social" es aquí, ese llamado "interés social" no es otra cosa que el interés de los poderosos. La legislación actual que avala esta constitución coloca tales límites a la huelga que virtualmente la prohibe.

Liquida la Comunidad laboral, que como conquista original, permita el acceso a un porcentaje fijo de las utilidades de la empresa, a la propiedad de las mismas hasta un 50%, y al directorio de las empresas pudiendo los trabajadores conocer a través de ellas la marcha real de las mismas. Esa conquista ha venido siendo liquidada paso a paso por los cuatro últimos gobiernos, el puntillazo final lo da la Constitución fujimorista (Art. 29 " El Estado reconoce el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa y promueve otras formas de participación"), el término "reconoce" no constituye ninguna obligación que los empresarios tengan que cumplir, menos aún el término "promueve".

El proyecto dictatorial relativiza incluso la jornada de 8 horas, creando trampas que los empresarios usarán para incrementar el tiempo de sobreexplotación .

La seguridad social no es simple equivalente a un ahorro que el trabajador pueda hacer durante su vida descontando de su sueldo, es el derecho que se conquista por el que todo ciudadano que trabaje durante una vida, tendrá derecho a gozar en su jubilación de un salarlo digno, de los servicios de salud, etc., es el derecho a una ancianidad protegida por la sociedad. El proyecto fujimorista acabará con esta conquista.

El art. 11 dice "El estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento". Es decir deja de ser una obligación del estado la seguridad social, el estado solo la "supervisa", si fracasa, se liquida o estafan a los trabajadores será cosa que no le incumba. Las AFP que están buscando copar el área de pensiones, en realidad solo se comprometen a devolver al trabajador de más de 60 años, sus propios ahorros (descontando el 10% de descuento de sus salarios por además de un 3% de comisión para beneficio de la AFP), más la rentabilidad que haya generado (puede decirse tranquilamente y no hay como comprobar lo contrario que su dinero no generó utilidades y devolverle una propina); las AFP no garantizan una pensión, para ello el trabajador tiene que contratar a través de estas otro seguro de vida que significará otro tanto de descuento de su salario de por vida.

Aparentemente para proteger contra la eventualidad de las quiebras dice el Art. 12 "Los fondos y las reservas de seguridad social son intangibles. Los recursos se aplican en la forma y bajo responsabilidad que señala la ley". No dice que el estado garantiza tales fondos, solo determina que deben ser intangibles. (Y quien garantiza que lo sean?,) Quién garantiza su devolución? Nadie. En caso de quiebras o simples estafas el destino será un juicio inacabable, si antes de ello no desaparecen los autores. La viva experiencia de esa intangibilidad lo tienen los centenares o millones de ahorristas de las mutuales y bancos que quebraron que nunca pudieron recuperar sus dineros que también eran "intangibles".

No son solamente los trabajadores los afectados en sus conquistas por la constitución fujimorista. Es el conjunto de la población.

El estado obliga a todos y especialmente a los más pobres a tributar sumas cada vez mayores. Se supone que el estado debiera retribuir tales pagos con servicios eficientes. Incluso en los comienzos del engaño liberal cuando se proponía solo despojar al estado de las empresas productivas para que el estado se dedicara a cumplir eficientemente con los servicios que debía brindar: educación, salud, servicios básicos de vivienda, seguridad Social, seguridad contra la delincuencia, etc.

La nueva constitución elimina todos estos derechos aduciendo que nada puede ser un regalo, que todo cuesta. El pueblo no ésta exigiendo ningún regalo caído del cielo, exige únicamente la compensación por los enormes impuestos que se le obliga a pagar y que solo va a los bolsillos de las transnacionales, las fuerzas represivas y los amigos de la dictadura.

La salud según la constitución también deja de ser un deber que el estado debe asegurar. Según el Art. 9 el estado solo determina la "política nacional de salud", "norma y supervisa su aplicación;". Si a ello sumamos los anuncios de privatizar la estructura estatal de salud, estamos en las puertas que la salud, sea el rubro más rentable para los capitalistas. Y corno no lo va ser. en un país donde la miseria genera toda clase de epidemias y endemias.

La nueva constitución liquida la gratuidad de la educación. Dice el Art. 13: "El Estado garantiza la libertad de enseñanza. Los padres de familia tienen el deber de educar a su hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo". Es decir la obligación de educar es obligación exclusiva de los padres.

Ante la avalancha de protesta popular agregó otro articulo para encubrir el engaño; el Art. 17 "la educación primaria y secundaria son obligatorias. En las instituciones del Estado, la educación es gratuita. En las universidades públicas el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios para cubrir los costos de educación.

Con el fin de garantizar la mayor pluralidad de la oferta educativa, y en favor, de quienes no puedan sufragar su educación, la ley fija el modo de subvencionar la educación privada en cualquiera de sus modalidades incluyendo la comunal y cooperativa.

Junto a ello el ministro y autoridades del gobierno han ratificado su decisión de entregar a manos de las organizaciones comunales" (léase realmente empresas educativas privadas) Tos colegios estatales, con lo cual los únicos que quedarán en manos del estado serán las que ningún empresario privado las desee, es decir las que no pueden ser rentables para nada. Solo en ellas será "gratuita" la educación. La dictadura construye colegios con dineros del pueblo para después entregarlos a empresarios privados.

Los llamados subsidios a la educación privada no alcanzará para cubrir nada por lo que todos los padres terminarán pagando y los que no puedan ser simplemente excluidos.

En lo referente a la Universidad la letra es mucho más expresa en la liquidación de tal gratuidad, que quedará reducida para los que tengan un "rendimiento satisfactorio". Evidentemente con ese argumento serán excluidos de la gratuidad todo estudiante que sea jalado en un solo curso. Y además (que nota podría expresar un rendimiento satisfactorio: 11, 14 o 15?. El concepto de familias que "no cuenten con recursos económicos necesarios" solo comprenden a los indigentes, cualquiera que tuviera un pequeño trabajo o un pequeño puesto de ventas por el que pague impuesto será considerado que si puede pagar. En resumen todos los estudiantes pagarán y los que estudien gratis apenas serán equivalentes a las becas que otorgan algunas universidades des privadas que piden similares condiciones que el proyecto constitucional fujimorista.

La nueva constitución liquida además la autonomía universitaria que tenga como uno de sus componentes básicos el hecho que las fuerzas represivas solo podían ingresar con expresa autorización de las autoridades universitarias (;equivalente a la inviolabilidad domiciliaria, donde las fuerzas represivas salo pueden ingresar por orden judicial).

No solo se trata de la liquidación de la educación pública y gratuita, sino de la conversión de la educación en empresas privadas con fines fundamentalmente de lucro. Hasta hoy la lucha popular había conseguido que por lo menos en la letra la educación privada fuera "sin fines de lucro".

La constitución reconoce expresamente el objetivo ganancial de la nueva enseñanza, el último acápite del Art. 19 dice "... Para las instituciones educativas privadas que generen ingresos que por ley sean calificados como utilidades, puede establecerse la aplicación del impuesto a la renta", impuesto que lógicamente hará todavía más cara la educación privada.

En el mismo terreno cultural la constitución promueve la privatización nuestro patrimonio histórico cultural según el Art. 21 en su último acápite"... Fomenta conforme a ley, la participación privada en la conservación restauración, exhibición y difusión del mismo...".

El objetivo es claro. Los pobres no solo deben ser explotados y marginados sino además embrutecidos, de ser posible analfabetos para que no sean capaces de defender ni luchar por sus derechos.

Si bien en la constitución anterior y las que le antecedieron la declaración de que el estado debía garantizar a todos los peruanos un trabajo digno nunca se cumplió, pero esa aspiración que le permitía al pueblo exigir los gobiernos que cumplan una política que busque empleo para los peruanos ha sido simplemente eliminada.

En la constitución tampoco están considerados para nada los trabajadores ambulantes o llamados informales.

Un logro importante de las luchas nacionalistas, fue el reconocimiento del idioma quechua como un idioma nacional, también este logro es reducido a niveles mínimos al señalar que solo serán en las zonas donde predominen. (como se puede decir en que zona predomina el quechua si los que la practican están diseminados por todo el país?).

El campesinado es el otro gran olvidado de la constitución. Oficialmente se abandona la política de considerar el agro como prioritario en la economía nacional, no se menciona para nada la Reforma Agraria, ni el derecho de que la propiedad sea de quien la trabaja. La constitución culmina todo el proceso de contrareforma, que fue paso a paso minando la propiedad campesina, hundiéndola en la crisis, para obligarlos a vender, hipotecar, prendar las tierras y así abrir un proceso de reconcentración.

Más aun en momentos que por la crisis muchos campesinos no pueden cultivar sus tierras, o en otros casos tienen que descansar varios años para que recuperen su capacidad productiva, la constitución que se pretende que sea genérica en todo, sin embargo precisa que "Las tierras abandonadas, según previsión legal pasan a dominio del Estado para su adjudicación o venta", en este caso olvidan toda Su prédica liberal de la intangibilidad de la propiedad, que el estado no debe meterse. Este dispositivo tiene por objetivo de confiscar sobre todo grandes extensiones de territorio a las comunidades campesinas y nativas para entregarlo a terratenientes capitalistas.

Tampoco la constitución hace la menor referencia de la obligatoriedad de que el estado garantice o promueva el apoyo financiero, técnico y administrativo hacia el campesino.

Estamos pues ante un proyecto que legaliza el derecho ilimitado de las élites opresoras contra un pueblo que no debe tener nada con que defenderse. Esa constitución solo puede tener una respuesta de rechazo de los oprimidos en defensa de los logros ya conseguidos con la sangre de miles de mártires.