FUJIMORI AL BANQUILLO?

Esperamos que no tenga que pasar 30 años como en la Argentina para que los que ensuciaron sus manos en sangre y se pasearon por sobre los cadáveres de cientos de nuestros hermanos en las comunidades peruanas, en las universidades, en los barrios, sindicatos y en la residencia del embajador de Japón sean juzgados y sancionados por la justicia. También llamamos a toda persona que conozca algúno de los crímenes de los gobiernos dictatoriales cumplan con denunciarlos, para que la Corte Interamericana, o la historia los juzgue mas temprano que tarde.



Reproducimos el siguiente artículo :

Jueves, 11 de Junio de 1998

Por abusos en la legislación antiterrorista que provocó víctimas inocentes Gobierno de Fujimori en el banquillo de la Corte Interamericana de DDHH

* María Elena Loayza narró entre lágrimas ante el tribunal los degradantes tratos que sufrió en prisión durante cuatro años.

* La Corte también estudió la indemnización para los familiares del "desaparecido" estudiante Ernesto Castillo Páez que puede ascender a más de 800 mil dólares.

Por Miguel Díaz S.

San José, 10 jun (EFE).- Los abusos en la legislación antiterrorista, que han provocado víctimas inocentes, tienen a Perú en el banquillo de la Corte Interamericanade Derechos Humanos (CIDH) a raíz de cinco demandas que se analizan esta semana en San José.

Perú debió escuchar ayer el dramático testimonio de María Elena Loayza Tamayo, de 37 años de edad, que fue mantenida en prisión durante más de cuatro años acusada de ser colaboradora del grupo terrorista "Sendero Luminoso".

La CIDH condenó a Perú el pasado 17 septiembre por las violaciones de los derechos humanos de Loayza y le ordenó ponerla en libertad y pagar una indemnización, que superará los 350.000 dólares.

El caso de Loayza es el único, desde el establecimiento de la Corte en 1979 como órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), de una víctima que llega con vida al máximo tribunal del sistema interamericano para exigir su reparación.

En Perú, según miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington (EEUU), actualmente hay 3.500 presos acusados de delitos de terrorismo.

Del total de 20 demandas que lleva la Corte cinco son contra Perú y la Comisión ha recibido otras 200 solicitudes de demanda contra ese país, de 800 que analiza, declaró a EFE Ariel Dulitzky, abogado de la Comisión.

Según el procedimiento del sistema interamericano, las denuncias deben ser presentadas ante la Comisión, que determina si son elevadas a la Corte.

El delegado peruano en las audiencias, Walter Palomino, ha insistido en que el Gobierno impulsa una "flexibilización" de la legislación antiterrorista.

Aceptó que esa legislación "efectivamente fue rígida y dura", creada para salvaguardar la seguridad del país en una "etapa difícil y trágica" debido a los cientos de muertos provocados por la violencia terrorista.

Loayza estuvo en prisión cuatro años y ocho meses, pues una persona identificada como Angelica Torres García ("Mirtha"), acogida a la Ley de Arrepentimiento (antiterrorista), le denunció como supuesta colaboradora de "Sendero Luminoso".

Loayza relató ayer entre lágrimas los horrorosos y degradantes tratos que sufrió en prisión, entre ellos, golpes, amenazas, violación sexual y acosos permanentes.

La CIDH también estudió la indemnización para Ernesto Rafael Castillo Páez y sus familiares tras la condena de ese tribunal interamericano contra Perú el 3 de noviembre de 1997.

De la lectura de ambas sentencias se deriva que las víctimas eran inocentes y no tenían ningún vínculo con las actividades terroristas que les atribuía el Estado peruano.

Castillo todavía es dado por "desaparecido" y la Comisión adelantó que la reparación puede ascender a más de 800.000 dólares.

La Corte también conoció los casos "Cantoral Benavides", "Castillo Petruzzi y otros" y "Durand y Ugarte", todos por hechos supuestamente ligados al terrorismo.

En el caso Cantoral, Palomino declaró que la víctima fue puesta en libertad y que el Gobierno aceptará las responsabilidad de resarcir por los daños causados a la inocente víctima.

El caso "Castillo Petruzzi" es sobre los chilenos Jaime Franciso Castillo Petruzzi, María Concepción Pincheira Saez, Lautaro Enrique Mellado Saavedra y Alejandro Astorga Valdés, condenados a cadena perpetua por un tribunal militar por "traición a la patria", previsto en las leyes antiterroristas. Las autoridades vinculan a los chilenos con el subversivo Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA).

El otro caso, "Durant y Ugarte", se trata de dos peruanos que fueron detenidos en febrero de 1986, luego declarados inocentes (el 17 de julio de 1997) y ordenada su libertad por el Sexto Tribunal Correccional de Lima.

Durant y Ugarte también habían sido capturados como "sospechosos de haber participado en actos terroristas", pero tras un motín en el Penal San Juan Bautista, en junio de 1986, ambos se encuentran "desaparecidos".