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La Prensa   La Paz - Bolivia Edición de Octubre 16, 2003
CONFLICTOS

Incautaciones, amenazas, sugerencias, insultos y empujones

Denuncian que el gobierno busca acallar algunos medios
http://166.114.28.115/20031016/politica/politica05.htm

16-10-2003
Solidaridad: jóvenes manifestantes expresan su apoyo a la labor de la Cadena A, canal 36

La Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia denunció ante las organizaciones internacionales la violación a la libertad de expresión e información y rechazó con indignación los atentados "criminales" del gobierno y sus socios políticos. Los medios afectados denunciaron que personas cercanas al Presidente pidieron que "pasen música" en sus emisiones en lugar de cubrir la convulsión social.

Uno de esos casos es el de la Cadena A de Televisión, canal 36, reveló ayer la periodista Amalia Pando.

"Fue pública la charla con el ministro de Salud (Javier Torres Goitia). Muchas llamadas del entorno presidencial", respondió Pando cuando se le preguntó qué autoridades de gobierno hicieron esa clase de "pedidos musicales".

Precisó que las amenazas al trabajo periodístico van en sentido de que Canal 36 sería instigador de la violencia en el país. "Al mostrar la masacre, en vez de apaciguar el país, seríamos los promotores. Eso nos han dicho todas las autoridades de gobierno que nos han llamado pidiéndonos que cambiemos, que no mostremos esas imágenes y que más bien pasemos música", informó Pando.

A las seis de la tarde, un grupo de jóvenes manifestantes, enterados de una eventual intervención y cierre del Canal 36, acudieron a instalaciones de ese medio de comunicación con la consigna de defenderlo.

"Estos momentos están siendo duros. Hemos recibido una serie de amenazas y hay el peligro de una intervención y que nos acallen", les dijo Pando a los jóvenes.

La Cadena A ha sido la única cadena televisiva que ha transmitido o brindado información ininterrumpida desde que se agravaron los conflictos sociales, el sábado.

"La presencia de ustedes nos ayuda a levantar el ánimo y reconocer que estamos haciendo un trabajo avalado por ustedes y que estamos protegidos, muchas gracias", expresó la periodista a las personas que se solidarizaron con Canal 36.

Ese medio de comunicación explicó que la cobertura sobre la convulsión social no cambiará porque no es política, sino sólo hace referencia a hechos.

"Usted ha sido imparcial, el canal ha dicho la verdad y por eso la felicitamos", dijo un joven visiblemente indignado ante la posibilidad de intervenciones.

Periodistas exigimos respeto

"Los periodistas de Bolivia exigimos respeto a nuestra misión informativa y demandamos respeto a las garantías constitucionales que amparan el ejercicio de nuestra tarea de servicio social", exigió ayer la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia.

Decomisan periódicos

Entretanto, en la ciudad de La Paz, presuntos agentes de inteligencia del gobierno, en una vagoneta de color verde, al mediodía procedieron a incautar las ediciones de El Diario y del semanario Pulso.

El Diario divulgaba en su primera página un análisis de especialistas estadounidenses sobre la crisis boliviana, en el cual consideraban justo y procedente el pedido del pueblo boliviano para que renuncie el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

Ese análisis también considera desafortunado el respaldo que el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA) brindó a Sánchez de Lozada.

Los analistas estadounidenses establecen un parangón con el reclamo de la ciudadanía de California, que reemplazó a su gobernador pese que éste tenía el 48 por ciento del caudal electoral; mientras que en Bolivia considera que un presidente con apenas nueve por ciento de popularidad es candidato a dimitir.

Cuatro militares asesores

En tanto, la edición del semanario Pulso también sufrió decomisos aparentemente porque incluía un artículo referido a que cuatro militares de la Embajada de Estados Unidos asesoran a las Fuerzas Armadas en la planificación represiva que ya cobró unas 70 vidas de pobladores de las ciudades de La Paz y El Alto.

Pero, además, Pulso toma una posición institucional y es el primer medio de comunicación que se adhiere a los pedidos de renuncia del Primer Mandatario.

Más atropellos

La Confederación de Trabajadores de la Prensa también denunció los atropellos de efectivos del Ejército contra dos periodistas que realizaban su trabajo de informar, este miércoles, en la localidad de Patacamaya, durante la represión ejecutada contra cooperativistas mineros que marchan hacia la ciudad de La Paz.

El periodista Hugo Manuel Mejía, reportero de Radio Aroma de Comunicación, fue herido, cuando se encontraba en su domicilio, por un disparo de arma de guerra en el talón izquierdo. Fue atendido en el hospital local y su estado de salud no reviste gravedad.

El otro periodista agredido es Carlos Colque, corresponsal en Patacamaya de la cadena de radioemisoras Erbol, quien minutos antes de que un militar le disparara un balín de goma que le impactó en la espalda, sin mayores consecuencias, fue amenazado personalmente por el Comandante del grupo militar, un teniente coronel de Ejército.

Agresiones

Un periodista de La Prensa fue agarrado a empellones por personal de seguridad en la residencia presidencial cuando cumplía con su trabajo al concluir la conferencia de prensa del Presidente.

Gobierno: No existe acción contra la prensa

El viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, salió al paso de las acusaciones contra el gobierno por hechos irregulares que muestran una actitud atentatoria contra los medios de comunicación y negó que exista "interferencia" o acción alguna del Poder Ejecutivo contra el trabajo de los periodistas.

Sin embargo, Justiniano volvió a deslizar las quejas gubernamentales contra la labor informativa de los medios al sostener que no existe interferencia "pese a voces" que están alentando o informando de "forma sediciosa".

El Viceministro aseguró que tampoco habrá en el futuro alguna forma de coerción o represión a los medios de comunicación.

Molesto, dijo que los periodistas pueden hacer "lo que les aconseje su conciencia".

Censura

Uno de los estigmas de la política comunicacional de la actual gestión de gobierno han sido los intentos de censurar y controlar la información.

El primer antecedente de tal hecho ocurrió cuando -a los pocos meses de asumir el gobierno- el canal estatal censuró la intervención de un parlamentario opositor. En ese momento el vocero gubernamental, Mauricio Antezana, se desentendió de esas denuncias.

Finalmente, argumentando razones económicas, ese canal decidió no transmitir algunos actos legislativos.

El reciente fin de semana, cinco periodistas del medio de comunicación estatal decidieron renunciar por presiones del poder Ejecutivo destinadas a tergiversar la información.

Radio Pío XII de Oruro en silencio
Oruro / La Prensa-Oruro

Radio Pío XII y el Sistema de Radio y Televisión Universitario, canal 13, paralizaron sus emisiones ayer y se presume que dos detonaciones habrían dañado sus equipos de transmisión que están ubicados en el cerro San Felipe.

La señal de los medios de comunicación de la Universidad Técnica de Oruro (UTO) desapareció a las 17.45 cuando recibían una denuncia de los gremiales en sentido de que los militares no les dejaron pasar alimentos y medicamentos a los marchistas que van hasta La Paz.

Los periodistas del canal universitario realizaron una campaña de recolección de víveres para los gremiales que llegaron a Patacamaya.

Entre tanto, la emisora minera suspendió sus emisiones a las 18.10, momento en que mantenía un contacto con la cadena Erbol.

El periodista Gróver Alejandro informó que recibió varias llamadas telefónicas que alertaron que se escucharon dos poderosas explosiones en el cerro San Felipe, donde se encuentran las antenas de casi todos los medios de comunicación de la ciudad de Oruro.

Reporteros Sin Fronteras pide garantías

Los periodistas que cubren el conflicto social que sacude a Bolivia desde hace dos semanas son objeto de amenazas, denuncia un comunicado oficial de la Organización Reporteros Sin Fronteras difundido ayer.

"El 11 de octubre, el personal de las radios Pachamama, Celestial y Erbol fue objeto de amenazas anónimas por teléfono. El 13 de octubre les tocó a otros medios de comunicación, entre los que se encuentran Radio Fides, Canal 2 y Canal 39", precisa el comunicado.

Reporteros Sin Fronteras pide al gobierno de Bolivia que haga todo lo necesario "para que los medios de comunicación puedan continuar trabajando", declaró Robert Menard, secretario general de esa organización.

"Los periodistas deben ser libres para cubrir, con total seguridad, el conflicto social que sacude al país, y difundir la información que les parezca pertinente", agrega.

Según la denuncia, el 11 de octubre de 2003, las radios Pachamama y Celestial de la ciudad de El Alto, y Erbol de La Paz, recibieron varias llamadas telefónicas anónimas en las que les advertían que les "iba a pasar algo", que debían "tener cuidado", o les pedían que suspendieran la programación.

Otras llamadas anunciaban el peligro de explosión de una bomba en sus locales.

El 13 de octubre, las amenazas se ampliaron a otros medios de comunicación de La Paz, entre ellos Radio Fides y algunos canales de televisión.

El 12 de octubre dimitieron siete periodistas de la televisión estatal en protesta contra la "manipulación" y la "mentira por omisión" del canal. Denunciaron una intrusión del Poder Ejecutivo con el fin de impedir la difusión de informaciones sobre los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden en El Alto. Esos periodistas también recibieron amenazas tras las informaciones emitidas por ese medio.

Reporteros sin Fronteras recuerda que el 7 de octubre las fuerzas especiales de seguridad golpearon a Juan Yupanqui, del periódico El Diario, cuando seguía a unos manifestantes que marchaban a pie desde la ciudad de El Alto a la sede de gobierno.

Manifestantes defendieron a RTP

A las cinco de la tarde de ayer, un rumor comenzó a correr en medio de la concentración en la plaza San Francisco: Radio Televisión Popular (RTP) corría el riesgo de ser intervenida por el gobierno.

No fue necesaria más explicación. Los periodistas de esa estación abordaron su vehículo y se dirigieron hacia la calle Juan de la Riva, donde funciona el canal. En un acto reflejo, cientos de manifestantes siguieron a los periodistas con ánimo de defender RTP y la libertad de expresión.

"¡Fusil, metralla, la prensa no se calla!". La consigna salía de las gargantas de obreros, estudiantes, comerciantes y desocupados que apretaron el paso para impedir la temida intervención.

La multitud llegó a las estrechas puertas de RTP, pero se encontró con que el canal transmitía con "normalidad", aunque incomunicado por falta de líneas telefónicas. Los funcionarios de esa estación confirmaron haber recibido llamadas amenazantes en sentido de que las antenas de transmisión en El Alto serían "voladas".

A cinco metros de la muchedumbre, periodistas de Unitel y ATB esperaban para conversar con algún funcionario de RTP sobre la supuesta intervención al canal. En ese momento alguien identificó al periodista de Unitel como "mentiroso". Sólo fue cuestión de segundos para que los camarógrafos y reporteros corrieran seguidos de una lluvia de piedras, palos y botellas de plástico.

El Himno Nacional cantado a capella tuvo la virtud de bajar los ánimos de los manifestantes hasta el arribo de Mónica Medina, propietaria de RTP.

Con el pecho agitado, la "Comadre" pidió al pueblo que cuide la estación televisiva y la planta de El Alto. "Ojalá Dios ponga las manos sobre la gente enceguecida. No se acallan las bocas matando gente (...). Somos los medios que estamos a la defensa de la verdad, que no han tergiversado los hechos", dijo a la gente allí congregada.

Luego de comprobar que RTP seguía transmitiendo, los pobladores se dividieron en dos columnas hacia Cadena A y Canal 21 para ver si esas estaciones no estaban amenazadas por el gobierno y necesitaban ser defendidas.

"¡Fusil, metralla, la prensa no se calla!". Al final de su recorrido, los manifestantes llegaron a apoyar a El Diario anoticiados de que parte de la edición del miércoles había sido confiscada.


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