Date: Thu, 14 Feb 2002
eeuu protege sus intereses en colombia


LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES
DE LOS ESTADOS UNIDOS EN COLOMBIA

La Embajadora de los EEUU en Colombia, Ann Patterson anunció que ha 
solicitado al Congreso Norteamericano la aprobación de 98 millones de 
dólares para la brigada XVIII vinculada con el asesinato del testigo del 
Tribunal Internacional de Opinión en Chicago y con La masacre de Santo 
Domingo en Arauca en 1988, con el fin de “defender los intereses de los 
Estados Unidos en Colombia.”

Con el asesinato el pasado 24 de enero de 2002 de ANGEL TRIFILO RIVEROS 
CHAPARRO, MARIO GONZALEZ RUIZ y HELIBERTO DELGADO por parte de 12 hombres 
fuertemente armados y quienes contaron por lo menos con el apoyo y 
encubrimiento de unidades militares adscritas a la Brigada XVIII del 
Ejército Nacional al mando del general Carlos Lemus Pedraza; quien hizo el 
curso de táctica de unidades pequeñas  C-7 en la escuela de las Américas, 
se devela una vez más su amplia participación en la conformación y apoyo de 
grupos paramilitares, como además en la sistemática violación a los 
derechos humanos en la región.

Ángel Trifilo Riveros Chaparro, fue un reconocido dirigente de la 
Asociación de Usuarios Campesinos de TAME y testigo presencial de la 
masacre del 13 de diciembre de 1998 en el Caserío de Santo Domingo, 
jurisdicción de TAME  Arauca. Este caserío fue bombardeado, según lo 
muestran las evidencias, por aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana, 
donadas por los Estados Unidos  y con inteligencia norteamericana el 
servicio de la OXY, asesinando a 17 personas incluidas 7 niños. Para 
esclarecer el caso los habitantes de Santo Domingo deciden acudir a la 
Comunidad Internacional, ya que la inoperancia del aparato de justicia 
colombiano mantiene dicha masacre en la más absoluta impunidad. Es así como 
se realiza en Septiembre de 2000 el Tribunal Internacional de Opinión en 
Chicago, EE.UU. (Ángel Trifilo fue testigo oficial en el Tribunal), allí se 
encontró responsable al Estado Colombiano por las muertes de las víctimas 
de Santo Domingo y por el posterior encubrimiento en el que incurrió la 
Fuerza Pública Colombiana frente a su responsabilidad en los hechos. Hoy el 
Estado Colombiano no ha realizado ninguna acción contundente para superar 
la impunidad que cubre dicha masacre.

En esta misma región, más concretamente en Gilbraltar Bloque Samoré, la 
multinacional OXY esta desarrollando exploraciones petroleras. Dicha región 
es reconocida como resguardo indígena de la comunidad U´wa, quienes hoy se 
encuentran amenazados y desplazados de sus territorios sagrados a 
consecuencia de la represión militar  que acarrearon las exploraciones 
petroleras.

Se ha demostrado en repetidas ocasiones que las Brigadas XVI y XVIII 
adscritas a la II división del Ejército Nacional, quienes desarrollan 
operaciones militares tendientes a proteger la estructura petrolera de 
Arauca, están seriamente comprometidas en el apoyo y participación directa 
al desarrollo del paramilitarismo en la región. Claros ejemplos son: la 
masacre realizada en el corregimiento de La Cabuya ocurrida el 23 de 
noviembre de 1998; la creación y operatividad de la cooperativa “El Corral” 
en el municipio de Arauca Capital que claramente desarrolló acciones 
paramilitares asesinando a más de 45 civiles durante los meses de Noviembre 
y Diciembre de 1998; la participación directa en el bombardeo y posterior 
saqueo el 13 de diciembre de 1998 al caserío de Santo Domingo en TAME; el 
desarrollo de los operativos militares durante 1999 y 2000 conocidos como 
Arawuac y Huracán, donde tropas de estas brigadas hicieron incursiones a 
nombre de paramilitares escribiendo letreros en las paredes de los caseríos 
que amenazaban con la llegada de los “quita cabezas”, como es el caso de 
Puerto Nariño en Saravena, zona rural de TAME y zona rural de Arauquita. A 
finales del año 2001. Luego de ello se han presentado asesinatos selectivos 
de campesinos, dirigentes políticos, como el de los ex - representantes a 
la Cámara Octavio Sarmiento y Alfredo Colmenares, y dirigentes sociales, 
como es el caso de Ángel Riveros Chaparro. Hay que anotar que en las zonas 
donde se desarrollan las acciones paramilitares están altamente 
militarizadas por las Brigadas XVI y XVII.

Por todo lo anterior, nos preocupan las definiciones del Estado 
Norteamericano dadas a conocer el pasado 10 de febrero del presente año por 
el subsecretario de Estado de los Estado Unidos, Marc Grossmam y la 
embajadora en Colombia, Anne Patterson, donde se anuncia la protección de 
los intereses Estadounidenses en Colombia donde tiene inversiones la OXY 
como el oleoducto Caño Limón  Coveñas en Arauca, que se encuentra 
custodiado por la brigada XVIII a quien esperan brindar apoyo militar y 
económico de no menos de 98 millones de dólares. De esta manera se está 
desconociendo la Ley Leahy que prohíbe cualquier tipo de ayuda para 
unidades militares involucradas en violaciones a los derechos humanos como 
lo está la brigada XVIII. De igual manera, esta situación marca un 
precedente al cambio de relaciones internacionales ya que se evidencia aquí 
el irrespeto a la soberanía nacional por parte del gobierno de los Estados 
Unidos y su protección a las multinacionales violadoras de derechos humanos 
y promotoras del paramilitarismo; Conllevando esto al aniquilamiento de la 
organización social que existe en la región y el desplazamiento forzado de 
la población.

Solicitudes:
Le solicitamos a la comunidad internacional pronunciarse por medio de 
cartas, comunicados y movilizaciones con el objetivo de:
ü       Rechazar el Plan Colombia en su conjunto, ya que ha demostrado ser 
más que una política de lucha antidrogas, una estrategia intervensionista 
de los Estados Unidos que conlleva una sistemática violación a los derechos 
humanos con un irrestricto apoyo al paramilitarismo.
ü       Investigar el papel de las multinacionales en Colombia 
comprometidas en la violación a los derechos humanos y promoción del 
paramilitarismo, en especial de la OXY como evidentemente queda demostrado.
ü       Apoyar de manera descrita las acciones populares emprendidas en 
Arauca que buscan develar la impunidad y el paramilitarismo como estrategia 
del Estado Colombiano apoyado por el Estado Norteamericano enviando oficios 
al siguiente E-mail
ü       Exigir al Estado Colombiano:
v       Detener la implantación de fenómeno Paramilitar.
v       Develar juzgar y suspender las acciones incubiertas de ejercito 
Colombiano a nombre del Paramilitarismo.
v       Crear una comisión de investigación para el caso del testigo del 
tribunal de opinión Ángel Riveros con veeduría internacional.
ü       Exigir al Estado Norteamericano:
v       Cumplimiento absoluto de la Ley Leahy
v       Cesar el apoyo al Plan Colombia
v       Sancionar a las multinacionales norteamericanas comprometidas con 
la violación a los derechos humanos en Colombia y el mundo.