GUERRA DEL AGUA: Bechtel wants 25 millions $from bolivia
    (résumé en français) articulo en español

Date: Mon, 10 Dec 2001 12:51:17 +0100 (CET)

SUMMARY/RéSUMé en français plus bas (By Louca)(AND
COMMENTARY)
The Bechtel company that was kicked out Cochabamba by the
Guerra del agua in 2000(victorious truggule againt water
privatisation), is now asking 25 millions dollars to the
bolivian government. The president Quiroga has refused
until now...
I think that this is exemplary case that schould be
considered as a casus belli because if these 25 million $
are added to the dept of Bolivia, it would mean the
acceptation "de facto" of the MAI rejected agreement... 
tHE FOLLOWING ARTICLE COMES FROM THE BOLIVIAN PRESS AND CAN
BE FOUND AT: http://www.lostiempos.com/.

La multinationale Bechtel, qui fût expulsée de la ville de
Cochbamba durant la "Guerra del Agua" en 2000 (une lutte
victorieuse contre la privatisation de l'eau), réclame
maintenant 25 millions de dollars au gouvernement Bolivien.
Le président Quiroga refuse pour le moment...
Je crois que ce cas est exemplaire et qu'il doit être
considéré comme un "cassus belli" car si ces 25 mio de $
étaient aditionnés à la dette de la Bolivie cela céerait un
dangereux précédent.Cela signifierait une acceptation "de
acto" de l'AMI, refusé il y a peu.

L'ARTICLE SUVANT EST ISSU DE LA PRESSE BOLIVIENNE ET PEUT
ÊTRE TROUVé SUR: http://www.lostiempos.com/ 




Los tiempos de Cochabamba 10 de Diciembre

Aguas del Tunari pide $us 25 millones
Por diferentes gastos que habría incurrido antes de empezar
a trabajar en Bolivia (preinversión), el consorcio Aguas del
Tunari (ADT) solicitó oficialmente al Centro Internacional
para el Arreglo de Controversias Relativas a Inversiones
(Ciadi), con sede en Washington-Estados Unidos, una
indemnización de 25 millones de dólares.

Para el Estado boliviano, está pretensión millonaria "no es
seria" tomando en cuenta la supuesta elaboración de
contratos, movilización de personal y otros aspectos relativos
a la conformación del consorcio mencionado con capitales
de Estados Unidos, España, Inglaterra y nacionales.

La referencia de gastos incurridos por ADT no se ajusta a la
realidad; por ello, el 5 de diciembre pasado, el ministro de
Comercio Exterior e Inversión, Claudio Mancilla, en
representación del Estado boliviano presentó un memorial al
Ciadi como "no apto" la aceptación de la solicitud de Arbitraje
Internacional planteado por el consorcio.

El argumento principal de ADT es la vigencia del Acuerdo
sobre Promoción y Recíproca Protección de Inversiones
entre la República de Bolivia y los Países Bajos, pero el
gobierno alega que no es aplicable este tratado por
diferentes razones.

Uno de los elementos importantes es que ADT es una
empresa constituida en Bolivia con capitales de Estados
Unidos, España, Inglaterra y nacionales y "en ningún
momento con capitales de los Países Bajos".

Añade que hubo un intento de transferencia de un 27,5 por
ciento de las acciones de la International Water Ltda a una
empresa dependiente de la Bechtel con sede Luxemburgo y
no más del 50 por ciento, que es lo que se requiere para que
se considere que el capital esta controlado por una empresa
de los Países Bajos.

Con estos argumentos, inicialmente el gobierno de Jorge
"Tuto" Quiroga pretende evitar la solicitud de Arbitraje
Internacional en Estados Unidos por parte de ADT.

En la primera quincena de enero de 2002, el Ciadi
oficialmente comunicará a las partes sobre la aceptación o
no de la solicitud de demanda que presentó el consorcio
Aguas del Tunari por supuestos daños y perjuicios
económicos ocasionados por su salida violenta de la ciudad
de Cochabamba en abril del año pasado. La mayoría de las
solicitudes de arbitraje internacional fue aceptada por
esta instancia de resolución de controversias.

Según ADT, el gobierno no le ha dado la oportunidad de
ejercer su derecho para el aprovechamiento de agua y los
servicios de agua potable y alcantarillado sanitario y no
se ha brindado una adecuada protección de sus inversiones.

Sin embargo, el informe sobre las decisiones adoptadas por
el ex superintendente de Saneamiento Básico, Luis Uzín, de
fecha 9 de mayo de 2000, sostiene que "defendió por todos
los medios el contrato de Concesión del Proyecto Múltiple
Misicuni y los Servicios de Aguas Potable y Alcantarillado
Sanitario de Cochabamba firmado con la empresa Aguas
del Tunari".

Tuto preocupado por demanda

Ante la solicitud de demanda de Arbitraje Internacional
planteada por Aguas del Tunari al Ciadi, el presidente
Jorge Quiroga Ramírez recomendó al Ministro de Comercio
Exterior e Inversión y otras instancias de defensa de los
intereses y derechos del Estado boliviano atender el pedido
con la mayor seriedad, prontitud posible y, ante todo, que
se hagan los mayores esfuerzos para que no prospere la
misma, según el presidente de la Empresa Misicuni,
Eduardo Valdivia.

Valdivia dijo que el gobierno esta consciente que estos
centros de Arbitraje Internacional muy rara vez rechazan
solicitudes, porque justamente se acuden a ellos para que
resuelvan disputas, entonces, la sensación es que
seguramente van aceptar la demanda hasta enero del
próximo año.

La posición del Estado boliviano es prepararse para una
eventual defensa de los intereses y derechos de los
bolivianos frente a las acciones que inició el consorcio
Aguas del Tunari en Estados Unidos.

Para ello, procedieron a la contratación de un bufete de
abogados estadounidenses con un presupuesto inicial de
50.000 dólares, que en los hechos implicará la elaboración
de una estrategia de defensa de los intereses y derechos
del Estado boliviano frente a la pretensión millonaria de
ADT.

Los alcances y acciones legales desplegadas en Estados
Unidos por Valdivia y un abogado del Estudio Jurídico
Criales Urcullo Freire Villegas serán debidamente
informados hoy al Jefe de Estado y al ministro de Comercio
Exterior e Inversión, Claudio Mancilla.

ADT debe demostrar inversiones

En caso de que el Centro Internacional para el Arreglo de
Controversias Relativas a Inversiones (Ciadi) acepte la
demanda, Aguas del Tunari deberá demostrar los montos
invertidos o incurridos durante su corta estadía en
Cochabamba (menos de cuatro meses).

Para que el Acuerdo sobre Promoción y Recíproca
Protección de Inversiones entre la República de Bolivia y el
Reino de los Países Bajos sea aplicable, el Estado debería
haber sido consultado sobre la supuesta transferencia de
acciones a una empresa nueva con sede en los Países Bajos.

Para el presidente de la Empresa Misicuni, Eduardo Valdivia,
el Decreto Supremo que aprobó el gobierno para la
conformación de dicho consorcio tiene validez plena porque
en ningún momento consintió o aceptó a una empresa
nueva de los Países Bajos.

A tiempo de advertir que el ex superintendente de
Saneamiento Básico Luis Uzín puede ser sometido a un
juicio de responsabilidades, tal como anunció el diputado
Gonzalo Maldonado, advirtió que la carta aval de
transferencia de acciones era para propósitos tributarios y
no para causar daño o problemas al Estado boliviano.

La transferencia de acciones en un 27,5 por ciento no
significa que se haya registrado a una empresa de los
Países Bajos como accionista fundador, además, el mismo
contrato prohibía una transacción de esa naturaleza durante
siete años desde la suscripción del contrato entre la
Superintendencia de Saneamiento Básico y Aguas del
Tunari.

La protesta pública y conmoción civil en la ciudad de
Cochabamba en abril de 2000 provocaron imposibilidad
sobreviniente, que fue la verdadera causa para el retiro de
ADT (superó previsiones del contrato de concesión por su
violencia y agresividad), según Uzín.